martes, 22 de mayo de 2018

Siguen poniendo peros en el batallón

Podrían estar allí enterrados los desaparecidos del segundo vuelo de la muerte


El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, ingresará este martes al Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, ubicado en Toledo, para indagar dos posibles sitios de enterramientos clandestinos, denunciados por el periodista Marcelo Falca.
Según consigna La República, la investigación del periodista señala que podría haber restos de detenidos desaparecidos debajo de la Enfermería de la unidad y de un galpón, donde actualmente se aloja parte del personal militar.



Perciballe denegó el pedido del abogado patrocinante de la demanda, Óscar López Goldaracena, en cuanto a participación de la indagatoria y aportación de pruebas vinculadas al caso en manos de organizaciones sociales, Presidencia y del Ministerio de Defensa.
Para el abogado esta decisión implica una interpretación restrictiva para los derechos del denunciante.

    Fiscal de delitos de lesa humanidad ingresa hoy al Batallón 14

Al mediodía, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, ingresará al Batallón de Infantería Paracaidista 14, ubicado en la ruta 85, kilómetro 4,500, en Toledo, Canelones, como parte de la investigación de una denuncia de eventuales enterramientos en el predio realizada por el periodista Marcelo Falca, patrocinado por el abogado Óscar López Goldaracena.
Según pudo saber la diaria, se trata de una actuación previa a la utilización de un georradar y posteriormente, si se comprueban los indicios, se procederá a excavar. Vale recordar que a fines de 2011 fueron hallados en esa dependencia del Ejército los restos del maestro Julio Castro, que permanecía desaparecido desde que fue secuestrado, en agosto de 1977.



Desaparecidos: la Justicia autorizó el ingreso al 14 y relevamiento con georradar
El juez en lo Penal de 5º Turno José Gómez autorizó el ingreso al predio del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 del Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe y a un “equipo técnico especializado” a los efectos de inspeccionar dos sitios considerados relevantes en el marco de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.
El magistrado consideró “adecuados” los elementos presentados por el Fiscal a partir de la denuncia recibida el pasado 8 de marzo por lo que franqueó el ingreso del equipo previa coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, según confirmó a LA REPUBLICA el propio juez, al cual el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) atribuye un rol de “garante”.
La denuncia recibida por Perciballe el pasado 8 de marzo, en el marco del nuevo CPP, solicita al Fiscal que disponga un relevamiento en ambas construcciones con Georradar (GPR) a los efectos de “elaborar un perfil geofísico del sedimento subyacente del piso y determinar anomalías existentes”.
Una vez cumplida la actuación de campo y analizada críticamente la información producida se estudiará, en base al resultado que haya arrojado, la posibilidad de “una etapa de excavación y/o exhumación forense” en los sitios señalados.
Se trata de una Enfermería construida alrededor de 1983 y de un galpón, edificado en la década del setenta, ubicados dentro de la unidad. En el escrito, se indica que debajo de ambos sitios podrían haber sido enterrados restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.




El Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, informó a LA REPÚBLICA que la denuncia por posibles sitios de enterramientos en el batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 es la segunda que recibe dicha sede bajo el nuevo Código de Proceso Penal (CPP). El resto de las causas, alrededor de 200 que estaban desperdigadas por todo el país, se tramitan en dicha sede a través del viejo Código. El Fiscal fijó para la semana próxima una serie de audiencias para recabar testimonios a distintos testigos. La semana pasada, el editor de La República Marcelo Falca, patrocinado por el doctor Oscar López Goldaracena, presentó al Fiscal Perciballe un pedido para que se indaguen dos posibles sitios de enterramiento de detenidos desaparecidos en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 ubicado en Toledo, Canelones. En la demanda, basada en fuentes militares y en datos aportados por integrantes del grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se solicita una actuación no invasiva con geo radar. La investigación publicada este lunes en LA REPÚBLICA concluyeque uno de los posibles sitios de interés estaría ubicado debajo del piso, contrapiso o cimentación de la construcción conocida como la Enfermería; el otro, estaría debajo de un galpón aledaño. Sobre el uso del geo radar, el abogado patrocinante afirmó que “constituye una herramienta que permite realizar un relevamiento geofísico del sedimento del subsuelo, posibilita construir su perfil y detectar posibles anomalías. Se trata de una primera etapa”. En virtud del resultado, si es positivo, se analizará ingresar en una segunda etapa, esta sí de excavación, agregó. “En estos temas, la parte técnica se ha coordinado con los arqueólogos Dr. López Mazz y el Magister Octavio Nadal para que dirijan los trabajos, por tratarse de profesionales de trayectoria reconocida, con experiencia en el tema y que cuentan con la absoluta confianza de este letrado y del denunciante”, indicó López Goldaracena. Por otra parte, manifestó que el uso del Geo Radar “no tendrá costos para el sistema judicial ni para otras dependencias del Estado ya que, se está dispuesto a absorber dichos costos de forma privada”. “Reitero un concepto que creo fundamental: las desapariciones forzadas no son un problema exclusivo de familiares de las víctimas, sino que es una cuestión que hace a los propios pilares de convivencia de una sociedad democrática en un Estado de Derecho. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y como tal imprescriptible, pero particularmente, por su modalidad, es un crimen permanente, que se sigue cometiendo hoy y, por lo tanto, el sistema judicial debe dar respuesta”.




El abogado Óscar López Goldaracena cuestionó que el fiscal de Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe no le permitiera participar de la visita ocular de este martes al predio del Batallón de Infantería N°. 14, en busca de enterramientos de detenidos desaparecidos.
La visita del fiscal al predio respondió a la denuncia presentada por López Goldaracena y su representado, el periodista Marcelo Falca, que derivaron a la Justicia varios datos sobre posibles enterramientos surgidos de una investigación del periodista.
López Goldaracena dijo este martes a Montevideo Portal que, según lo dispuesto por la Ley 18.026 sobre delitos de Lesa Humanidad, el denunciante debe poder "acceder a la totalidad de las actuaciones" y "participar de todas las diligencias judiciales", además de permitírsele proponer pruebas a la Fiscalía.
En ese marco, el abogado había propuesto que las inspecciones en el Batallón fueran hechas por el equipo de Arqueología de la Universidad de la República, encabezado por José López Mazz. Sin embargo, señaló, el fiscal Perciballe descartó esa posibilidad y resolvió que la búsqueda quedara en manos del equipo de Presidencia.
López Goldaracena señaló que el fiscal también rechazó incorporar al expediente toda la información sobre enterramientos en manos de Presidencia y la Universidad de la República. Tampoco notificó a los denunciantes de la visita de este martes ni les permitió el ingreso.
Para el abogado, "es muy grave que se limiten los derechos de los denunciantes en causas de lesa humanidad". En ese sentido, recordó lo previsto por la ley 18.026 y sostuvo que se trata de casos en que "las víctimas somos todos y es por eso que se da a los denunciantes ciertos derechos especiales".
Buscarán "anomalías" en dos puntos del predio
López Goldaracena anunció que ya propuso a la bancada del Frente Amplio que la participación de los denunciantes en este tipo de causas sea garantizada en los "ajustes" que se prevén en el Parlamento al nuevo Código de Proceso Penal.
La visita de este martes al predio del batallón fue el primer paso antes de una inspección con un georradar en algunos puntos del terreno en busca de "anomalías" en la tierra. De acuerdo a la información aportada por Falca, en esta oportunidad se buscará en el subsuelo de la enfermería del batallón y debajo de un galpón adyacente.
Montevideo Portal



domingo, 20 de mayo de 2018

Impresionante 23º Marcha del Silencio




















>>> Marcha del Silencio en Piriápolis



>>> Marcha del silencio, Paysandu

>>> Marcha del Silencio en Treinta y tres

>>>  Marcha del Silencio en Durazno









sábado, 19 de mayo de 2018

"Nada ni nadie pondrá de rodillas al ejército"

A 48 horas de la Marcha del Silencio

    Acto oficial.

En el acto del Día del Ejército, el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se despachó contra quienes “provocan” al Ejército y buscan la “confrontación” para socavar cualquier “auténtico proyecto nacional”. Mientras en el palco oficial lo escuchaban atentamente el presidente, Tabaré Vázquez, y el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el comandante en jefe aseguró que “nada ni nadie” pondrá de “rodillas” al Ejército.

También recalcó que el Ejército debe ocupar su lugar en la “batalla más importante y urgente que hoy debemos librar”: “el combate frontal a la marginalidad social y cultural, que cada vez afecta más la convivencia entre los uruguayos y que día a día se lleva vida y esperanza”.

Por otro lado, se quejó de los escasos recursos que tiene el Ejército y agradeció a los soldados por “cumplir calladamente sus obligaciones” cuando la pobreza “alcanza el 44,5%” de sus integrantes.



Cómo debe interpretarse el discurso de Guido Manini Ríos, Comandante en Jefe del Ejército y hermano de un fundador de la Juventud Uruguaya de Pie por el 207° aniversario del ejército? Otra vez un discurso de corte político. No aprenden.

El Ejército pide a soldados no entrar en "provocaciones"


"Combatir la marginalidad"


(a tiros?)




Repudiable: “A dos días de la Marcha del Silencio el Comandante en Jefe del Ejército reivindicó la represión interna de las Fuerzas Armadas”

Lo dijo Victoria Moyano Artigas en entrevista para La Izquierda Diario Uruguay con motivo de su llegada al país para asistir a la 23 Marcha del Silencio del día de mañana.

Maria Victoria Artigas Moyano nacida en el pozo de Banfield y sus padres desaparecidos.


Lo denunció María Victoria Moyano Artigas, hija de desaparecidos uruguayos, y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, quien llegó ayer al Uruguay para participar de la marcha que todos los años repudia el accionar del las Fuerzas Armadas en la represión y desaparición de personas durante la última dictadura militar.
En el acto aniversario del Ejercito en el día de ayer, su Comandante en Jefe Manini Ríos había dicho que esa Fuerza "es capaz de asumir la defensa nacional que incluya a todos los orientales, que sea capaz de disuadir cualquier amenaza, sea esta una agresión externa, una acción terrorista o de cualquier organización que pretenda desconocer nuestro estado de Derecho".
Azorada por estas declaraciones, Moyano sostuvo que “Estoy sorprendida que a 48 horas de la marcha del silencio, el Jefe del Ejercito haya realizado semejante apología de la represión interna de las Fuerzas Armadas frente al Presidente, algo que además es ilegal en Uruguay por estar impedidos de intervenir en asuntos internos, sin que haya tenido consecuencias, siendo además que fue el propio Ejercito Uruguayo quien reconoció públicamente el secuestro, tortura y desaparición de personas” y continuó “Este personaje, ya fue denunciado por Madres y Familiares por mentir sobre los lugares de enterramiento de desaparecidos durante la dictadura, y además desarrollo funciones durante el Terrorismo de Estado con tres ascensos durante ese período.”
Moyano sostuvo que “mientras que estamos luchando por el juicio y castigo a los represores de la dictadura cívico militar, tanto en los Tribunales de Uruguay, Italia y Argentina, y recientemente se ha logrado la destitución del torturador Miguel Zuluaga de la AUF donde era jefe de seguridad; quien además debería estar procesado y condenado, tenemos que escuchar estas provocaciones de quienes quieren fortalecer a las Fuerzas Armadas para seguir manteniendo su impunidad frente a los graves delitos de lesa humanidad que han cometido y sus privilegios como la Caja de Jubilaciones militares que ilegítimamente le hacen pagar a todos los trabajadores uruguayos.”
Por ultimo, Moyano manifestó su deseo que este domingo seamos miles en las calles repudiando las declaraciones de Manini y para que todos los genocidas sean condenados y estén en la cárcel donde corresponde.


Se rompió el puente

Que se inauguró hace 35 días



Lluvias provocaron daños en el puente de “Paso del Sauce”

16 mayo 2018

Sobre el río Arapey

Las intensas precipitaciones que se produjeron en los últimas días, generaron serios inconvenientes en muchas zonas de la ciudad, pero también en localidades del interior profundo. Este es el caso del puente de Paso del Sauce en la zona de Paso Herrería, que fuera recientemente inaugurado por el intendente Andrés Lima y está sobre el río Arapey. La fuerza de la corriente agua, provocó daños en el paso que demandarán tareas de reparación en los próximos días. A raíz de este problema la localidad se encuentra aislada.

Dijo el Intendente Andrés Lima que era una obra de calidad donde el Gobierno Departamental invirtió muchos recursos.
Pues evidentemente algo falló ya que la primera tormenta “se llevó” parte de dicho puente.
Salto cuenta con varios puentes en el interior, los que llevan muchísimos años soportando tormentas y temporales. Obras evidentemente de buena calidad.
¿Cómo es posible que un puente inaugurado hace 35 días se rompió? ¿Quién tuvo a su cargo la fiscalización de la obra? . Si los demás puentes han soportado toda una vida las tormentas, ¿Este puente es un fracaso? Apenas aguantó 35 días . Es plata del pueblo tirada a la basura , ya que ahora se tendrá que invertir nuevamente. Esto quizás ayude para cortar la cinta de nuevo y hacer un poco más de prensa.
Resulta que la Intendencia de Salto realizó una mega promoción, gastando muchísimo dinero en prensa, para algo que duro 35 días.
La inauguración
Acompañado por integrantes de su equipo de gobierno, autoridades municipales y vecinos, el intendente de Salto, Andrés Lima, estuvo en el Paso Zanja del Sauce para inaugurar las obras realizadas en el puente que une Pueblo Ramos y Paso de la Herrería. La actividad se realizó a comienzos de Semana de Turismo, oportunidad en que el jerarca comunal realizó una gira por el interior de Salto.
Se trata de una importante inversión realizada por la Intendencia para concretar esta obra, realizada con maquinaria y personal propios. Las serias dificultades para transitar por la zona, especialmente en caso de lluvias abundantes que impedían el pasaje de ómnibus y vehículos en general, llevó a que se tomara la decisión de trabajar en el lugar. Así lo afirmó el intendente Lima, quien describió las características de la obra. “Se colocó una losa de hormigón de 12 centímetros, se elevó 60 centímetros la altura del puente para evitar que el agua lo tape fácilmente y se ensanchó el puente para facilitar el tránsito”.
La reconstrucción de esta calzada representa una mejora importante para los pobladores del lugar, que facilita la accesibilidad y el traslado de los estudiantes a los centros de estudio. “Hace muchísimos años que una administración no invertía en lugares como Paso de la Herrería y Sarandí de Arapey. El manejo responsable de los recursos y la optimización de su uso es lo que hace posible invertir y mejorar la infraestructura, no solo de la ciudad sino también del interior profundo del departamento”, dijo Lima. “En esta semana estamos recorriendo el interior para difundir las obras que hemos realizado y sobre todo para reafirmar nuestro compromiso frente a los salteños del interior de que continuaremos en esta línea de trabajo con otros puentes, pasos y calzadas que tienen dificultades”, finalizó.

>>> Hace 35 días el intendente inauguró la obra


Intendencia reconstruyó el puente que une Pueblo Ramos y Paso de la Herrería


compañado por integrantes de su equipo de gobierno, autoridades municipales y vecinos, el intendente de Salto, Andrés Lima, estuvo en el Paso Zanja del Sauce para inaugurar las obras realizadas en el puente que une Pueblo Ramos y Paso de la Herrería. La actividad se realizó a comienzos de Semana de Turismo, oportunidad en que el jerarca comunal realizó una gira por el interior de Salto.



Se trata de una importante inversión realizada por la Intendencia para concretar esta obra, realizada con maquinaria y personal propios. Las serias dificultades para transitar por la zona, especialmente en caso de lluvias abundantes que impedían el pasaje de ómnibus y vehículos en general, llevó a que se tomara la decisión de trabajar en el lugar. Así lo afirmó el intendente Lima, quien describió las características de la obra. “Se colocó una losa de hormigón de 12 centímetros, se elevó 60 centímetros la altura del puente para evitar que el agua lo tape fácilmente y se ensanchó el puente para facilitar el tránsito”.
La reconstrucción de esta calzada representa una mejora importante para los pobladores del lugar, que facilita la accesibilidad y el traslado de los estudiantes a los centros de estudio. “Hace muchísimos años que una administración no invertía en lugares como Paso de la Herrería y Sarandí de Arapey. El manejo responsable de los recursos y la optimización de su uso es lo que hace posible invertir y mejorar la infraestructura, no solo de la ciudad sino también del interior profundo del departamento”, dijo Lima. “En esta semana estamos recorriendo el interior para difundir las obras que hemos realizado y sobre todo para reafirmar nuestro compromiso frente a los salteños del interior de que continuaremos en esta línea de trabajo con otros puentes, pasos y calzadas que tienen dificultades”, finalizó.









Toriani y el falso milagro riverense






     EL PRINCIPIO DEL FIN DE UNA ERA EN ASSE

La gestión de Andrés Toriani en el hospital de Rivera era aplaudida por las autoridades: lo sacó del abandono y solucionó la acuciante falta de especialistas. Cinco años después, sale a la luz que todo fue a costa de contratos irregulares y desvíos de fondos por US$ 5 millones.

CAMILA BELLO
19 mayo 2018

El apellido Toriani se hizo verbo en Rivera. Yo torianizo, torianizas, nosotros torianizamos, ustedes torianizan. ¿Qué significa torianizar? Quitarle al Estado para mejorar la vida de los que menos tienen. El problema es que cuando uno torianiza, los medios que se utilizan para alcanzar el fin no son los adecuados y de a poco empiezan a aparecer las pérdidas. ¿A qué costo se puede salvar un hospital público?
Cuando Andrés Toriani asumió la dirección del hospital de Rivera, en 2012, se encontró un sitio abandonado a la desidia. En el centro de salud faltaban decenas de especialistas, se pagaban millones de dólares anuales a las mutualistas locales por derivar pacientes y el presupuesto no alcanzaba para cubrir las necesidades de los usuarios.
Entonces Toriani empezó a torianizar. Contrató personal, mejoró las instalaciones y en Rivera dicen que el hospital se volvió "una referencia". Desvió fondos para lograr sus objetivos, empleó funcionarios "de palabra" y gastó más de lo que tenía. El médico fue destituido en agosto de 2017, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso de oficio y una comisión del Parlamento investiga su gestión.
Los costos también fueron políticos. El Partido Comunista defendió a ultranza el trabajo de su exmilitante y el Frente Amplio se dividió. El presidente Tabaré Váz-quez intervino para preservar la unidad y marcó su postura: consideró "inadmisible" lo que había pasado en el norte del país. Los frenteamplistas más radicales estaban furiosos; los del centro respiraron con alivio.
Hasta que la torianización del centro de salud llegó a Montevideo y en febrero de este año se llevó puesto el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Como un goteo constante, las consecuencias cayeron de a poco pero provocaron un mar que se tragó hasta a la presidenta del organismo.
En Rivera dicen que Andrés Toriani actuó como Robin Hood. Una auditoría interna de ASSE, a la que accedió El País, revela que el médico le quitó al Estado más de US$ 5 millones en cinco años para brindarle una mejor atención a la gente más humilde del departamento.



El director del hospital de Rivera, Andrés Toriani (izquierda), tenía una relación apenas cordial con el gerente general de ASSE, Richard Millán (centro), y el vicepresidente Mauricio Ardús (derecha). El Partido Comunista no le perdonó a Millán (Vertiente Artiguista) la investigación en Rivera, que acabó con la salida de Toriani. Por eso, cuando se supo que Ardús (socialista) había contratado a su nuera, los comunistas pidieron su renuncia. El hecho derivó en la remoción de todas las autoridades de ASSE.

Vacas gordas.

Una mujer llegó gritando a la emergencia. Estaba en trabajo de parto y las contracciones eran cada vez más seguidas. La joven estaba embarazada de gemelos y uno de ellos estaba a punto de salir, pero los médicos trataban de demorar el proceso porque no había ginecólogo. El bebé se precipitó y terminó naciendo a los pocos minutos. Entonces subieron a la mujer a una ambulancia y la trasladaron a la mutualista más cercana, mientras la partera intentaba con una mano frenar el nacimiento del segundo niño. El parto ocurrió en dos lugares y el primer ginecólogo nunca apareció.
Historias así se acumulaban en el hospital de Rivera. La falta de especialistas hacía que la mayoría de los pacientes fueran derivados al sector privado, que cobraba miles de pesos por cada uno de los casos. Un parto en el mutualismo le costaba a ASSE hasta $ 80.000, cuando por esa misma cantidad de dinero podía contratar especialistas que cubrieran tres días de guardia. En el centro de salud público casi no se operaba: los blocks quirúrgicos estaban equipados y no se utilizaban. Tampoco había pediatras que atendieran a los niños que en invierno llegaban con infecciones respiratorias.
Lo primero que identificó Toriani fue la falta de personal y tuvo una idea: con lo que se invertía en el mutualismo contrataría a los especialistas que necesitaba. En el departamento no había suficientes profesionales y la única manera que tenía de convencer a los médicos de que se mudaran allí era pagándoles más. Entonces aumentó el laudo de ASSE y los sueldos se volvieron hasta tres veces más altos que los del sector público. Los salarios sedujeron a varios especialistas, que se instalaron en Rivera con sus familias.
También detectó que la mayoría de los estudios médicos se hacían en el sector privado. El hospital no tenía ni tomógrafo ni resonador, por lo que los pacientes eran derivados a Casmer, la única mutualista del departamento que contaba con el equipamiento. El monopolio generaba sobrecostos que cansaban a Toriani, quien decidió buscar alternativas más baratas. Así encontró el instituto brasileño de radiología Hugoline Andrade, que ofrecía los mismos análisis a un precio más accesible. El médico terminó el vínculo con Casmer, derivó a los pacientes al nuevo centro y los tiempos de espera se redujeron.
El hospital de Rivera volvió a operar. Se empezaron a hacer hasta 15 cirugías por día y los ciudadanos brasileños comenzaron a consultar en el departamento. También hubo uruguayos que abandonaron las mutualistas y recurrieron al centro de salud público: mientras que en 2011 había 50.000 usuarios, para 2017 se atendían 64.000 personas. La torianización había conquistado entonces al 80% de los riverenses.
La época de las vacas gordas se consolidaba. En el Ministerio de Salud Pública (MSP) estaban orgullosos de lo que ocurría en el norte y se comentaba que el médico era "un ejemplo" para el resto de los directores de hospitales. Todos querían una foto con Toriani y la entonces ministra Susana Muñiz —que había compartido militancia con él en el Partido Comunista— viajó a Rivera en 2015 y se coronó como madrina de ese centro de salud.
"Es un momento muy emotivo para mí, sin dudas es un ahijado hermoso. Tengo mucho afecto por este hospital, por el departamento, por el equipo. En esto una se va llevando cosas lindas y de las feas. Sin dudas aquí vivimos todas esas. De las lindas... destaco el trabajo con este equipo", dijo en ese momento.
Los logros de Toriani empezaron a molestar a los directores de los centros de salud cercanos, que sufrían cada vez que un médico renunciaba para irse a trabajar en Rivera. También generaron desconfianza en Casmer, la mutualista a la que antes se le contrataban la mayoría de los servicios. Las alarmas terminaron de activarse en diciembre de 2016, cuando el Ministerio de Economía citó al directorio de ASSE a una reunión.


Deudas milagrosas.

"Andrés, tenemos que hablar", le dijo a Toriani el gerente general del organismo, Richard Millán, en marzo de 2017. Todo lo bueno del hospital de Rivera se había desmoronado tres meses antes, luego de que el Ministerio de Economía advirtiera que el centro de salud había contraído deudas millonarias. El milagro riverense se había construido en base a fondos que no existían y ASSE debía responder por él.
Al menos 80 funcionarios —médicos y no médicos— habían sido empleados "de palabra" por Toriani y sus sueldos se habían financiado a partir del rubro estudios médicos. Los especialistas facturaban a través de tres cooperativas a las que se les pagaba por brindar "servicios odontológicos". La maniobra fue creada por el entonces director en connivencia con los trabajadores y salteaba el Tocaf, el manual de contrataciones públicas. Este mecanismo aceleraba los procesos, pero la rapidez trajo como consecuencia un endeudamiento millonario porque Toriani utilizaba más fondos de los que ASSE central le daba.
En agosto de 2017, ya con Toriani destituido, el gerente general Millán le recomendó a la nueva dirección que pidiera una evaluación interna porque el hospital de Rivera era "un fierro caliente": quien asumiera el mando debía cubrirse de las irregularidades que se habían generado durante la gestión anterior. La auditoría, que abarca los cinco años de la gestión de Toriani, reveló que solo el año pasado se generaron deudas por más de US$ 2 millones, y en todo el período, de unos US$ 5 millones.
El informe cuestionó también la realización de tomografías y resonancias en el instituto brasileño Hugoline Andrade. Si bien el entonces director había elegido esa clínica porque resultaba más barata que Casmer, la forma en la que se pagaban los estudios médicos era irregular. Toriani no tenía permiso para indicar análisis en el exterior, por lo que era la mutualista Comeri la que facturaba los servicios y cobraba un 5% de comisión por la intermediación.
El documento reveló que entre 2012 y 2017 predominaron las compras directas, por lo que no se respetaron los procesos licitatorios. Los contratos irregulares representaron un sobrecosto anual de más de US$ 1 millón y el 66% de los trabajadores que facturaban por las cooperativas ya cobraban un sueldo formal en ASSE. "El (puntaje) promedio de la unidad ejecutora se sitúa en un nivel de riesgo no tolerable", señaló la auditoría.
El informe hizo hincapié en los controles "deficientes" durante las compras, ya que la mayoría de las facturas no se ingresaban al sistema de información financiera estatal. "En 2017 ASSE comprobó que la unidad ejecutora contrató servicios sin disponer de presupuesto para solventarlos", agregó.
Si bien el documento cuestiona la gestión de Toriani, la mayoría de los hospitales del país gastan dinero de otros rubros para paliar necesidades. La principal diferencia en este caso fue que en Rivera se utilizaba esa trampa frecuente para facturar millones de pesos por mes.
El texto llegó a manos de la comisión investigadora de Diputados que indaga presuntas irregularidades en ASSE esta semana, pero los legisladores lo reclamaban desde noviembre. El diputado del Partido Nacional Martín Lema reiteró en varias ocasiones el pedido.
El País trató de comunicarse con Toriani durante la realización de esta nota. El médico se comprometió a brindar una entrevista, pero llegado el momento no cumplió. También accedió a ser consultada la expresidenta de ASSE Susana Muñiz, pero sin explicaciones terminó bloqueando las llamadas. Este informe se elaboró a partir de fuentes que conocen de primera mano lo que ocurrió en el hospital de Rivera.

Solo una ilusión.

El 19 de agosto de 2017 hacía calor; el veranillo antes del temporal de Santa Rosa se hacía notar. Cientos de riverenses llegaron de manga corta y chancletas al estacionamiento del hospital, donde el entonces director hablaría luego de que el presidente Váz-quez pidiera su destitución. "¡Toriani no se va!", gritaban.
El médico se secó el sudor de la frente y agarró un micrófono: "Nos preguntan dónde está la plata: generando ahorros para el hospital y mejorando la calidad para ustedes", dijo. La gente gritaba y aplaudía. Desde abajo del estrado miraban el entonces secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, y el entonces senador de la lista 1001 Marcos Carámbula, quien hoy dirige ASSE.
Días antes habían circulado mensajes en grupos de WhatsApp comunistas en defensa a Toriani. "Fuerza, Andrés, de lo más alto de Montevideo", decía uno. Él contestaba: "Van por mí para llevarse puesta a Susana (Muñiz)". El médico aludía a Millán, quien había ordenado una investigación administrativa en el centro de salud. Las diferencias entre el gerente general y la presidenta eran cada vez más evidentes; ella dejó de hablarle cuando él empezó a indagar.
Mientras tanto, el Partido Comunista seguía defendiendo a Toriani y trataba de evitar su destitución. En la interna de ASSE se daba la misma lucha y el directorio tuvo que votar tres veces qué hacer con el médico. El representante de los trabajadores, Pablo Cabrera, y la presidenta Muñiz votaban siempre a favor de que se quedara. El vicepresidente Mauricio Ardús y la representante de los usuarios, Natalia Pereyra, votaban siempre en contra. El que tuvo la última palabra fue el vocal, Jorge Rodríguez Rienzi, quien cambió su voto en la tercera vuelta y terminó por inclinar la balanza para la salida de Toriani.
En Rivera dicen que ya no es lo mismo; al médico lo frenan por la calle y le piden que vuelva. No obstante, ASSE intentó mantener la calidad: contrató al 80% de los funcionarios que habían sido empleados de manera informal y les mantuvo un sueldo superior al laudo. Todas las vacantes que había en 2017 fueron destinadas a ese departamento, una decisión que fue resistida por otros jerarcas de hospitales por entender que así se premiaba una gestión irregular.
Pero más que un premio, lo que pasó con Toriani fue ejemplarizante: las autoridades del organismo destituyeron al médico para evitar que otros centros se torianizaran. ASSE es investigada tanto en la Justicia como en el Parlamento por presuntas irregularidades en la mayoría de sus hospitales, por lo que no había margen para seguir acumulando pérdidas millonarias.
El exdirector optó por el perfil bajo después de su gestión, pero el Partido Comunista no pudo olvidarse de lo ocurrido. Cuando en febrero de este año salió a la luz que el socialista Ardús había contratado a su nuera como secretaria, Castillo enseguida se pronunció: "Si es frenteamplista y tiene algo de vergüenza, que renuncie".
El presidente Vázquez tomó cartas en el asunto una vez más y solicitó la renuncia de todos los miembros políticos del directorio de ASSE. Entonces le pidió a Carámbula, quien recién había dejado el Senado, que tomara la posta.
El exlegislador aceptó la presidencia de ASSE, pero puso como única condición formar su "propio equipo". ¿Qué significaba esa directiva? La destitución inmediata de Millán. Con mucho pesar, Vázquez dio el brazo a torcer y perdió a su hombre de mayor confianza dentro del organismo.
Siete meses después de la salida de Toriani, ASSE pagaba el más alto costo de la torianización en Rivera: el milagro departamental había sido apenas una ilusión.

Las malas notas de un director polémico.

Contrataciones al margen. La auditoría interna de ASSE elaborada en el hospital de Rivera reveló que durante los cinco años de la gestión de Andrés Toriani (2012-2017) hubo "contrataciones al margen del sistema de compras" en el centro de salud del norte del país. El informe cuestionó que se contrataran tomografías y resonancias magnéticas en clínicas brasileñas sin órdenes de compra.

Cargos "honorarios". El informe mostró que se contrataron 80 funcionarios de manera informal. La auditoría reveló también que los trabajadores decían que cumplían servicios "honorarios", ya que habían sido empleados sin contrato escrito. Hubo personas que acumularon hasta cuatro cargos sin regularizar durante cinco años, según el documento.

Auditorías ignoradas. Otras evaluaciones advirtieron a Toriani y su equipo que debían realizar cambios en su gestión. Esos informes fueron elaborados entre 2013 y 2014. Sin embargo, el documento de 2017 informó que de todas las recomendaciones que se habían hecho antes, la dirección del hospital de Rivera solo había implementado una.

Falta de licitaciones. 
La última licitación en el centro de salud del norte del país se llevó a cabo en setiembre de 2008. A partir de ese momento no se volvieron a realizar llamados abiertos. "No hay proveedores seleccionados mediante un procedimiento público de competencia abierta", informó la auditoría.

Estudios sin hacer. En el hospital de Rivera no había una forma de controlar que solo se pagaran los estudios médicos que efectivamente se hubieran realizado. El informe reveló que había "alta probabilidad" de financiar análisis sin hacer.

Dirección autoritaria. La auditoría cuestionó que la dirección del hospital tomara todas las decisiones en torno a los procesos de compras irregulares. El gerente financiero del centro de salud se deslindó de cualquier responsabilidad y dijo que las reglas las habían puesto "el director y el subdirector, con aprobación de las autoridades de ASSE".

Proveedores con impedimentos. De acuerdo con la auditoría, la mayoría de los proveedores de servicios de salud en Rivera no podían ser contratados por el hospital por el riesgo de incurrir en conflictos de intereses. El informe reveló que en 2018 había "insuficiencia de proveedores" a raíz de ese problema.

Facturas sin ingresar. Los auditores que viajaron a Rivera encontraron facturas sin ingresar al sistema de información financiera estatal. La mayoría pertenecía a la gestión de Toriani y sumaban contrataciones por más de US$ 1 millón que no habían sido declaradas a ASSE. "El proceso de compras es deficiente, lo que provoca que Contaduría desconozca la emisión de órdenes de compra", concluyó la auditoría.

Pacientes no usuarios. El informe reveló que en el block quirúrgico del hospital de Rivera se atendía a pacientes que no eran usuarios de ASSE. Solo entre enero y setiembre de 2017 se realizaron 36 operaciones y 18 correspondían a personas sin identificar documento de identidad, por lo que "no es posible verificar" quiénes eran. Esos procedimientos le costaron a ASSE $ 880.762.

Mala nota. En suma, la auditoría le otorgó al hospital de Rivera un puntaje promedio de riesgo "no tolerable".