viernes, 9 de diciembre de 2016

Inauguración de la sede de INDDHH



>>> Oficialmente inaugurado en la ex sede del CID



...y al final los testimonios de la gente que masacraron aquí


Por torturas en el Boiso Lanza

Juan Gómez, Óscar López Goldaracena y Guillermo Gómez, en la base aérea de Boiso Lanza. / Foto: Nicolás Celaya (archivo, agosto de 2010)



>>> Vayas donde vayas


>>> Colocación de una placa de Memoria en Boiso Lanza
11 nov 2016





jueves, 8 de diciembre de 2016

La abogada de los narcos

Julissa Reynoso ex embajadora de EEUU en Uruguay



Exembajadora de EE.UU. defenderá a hermano del "Cuini"

Es posible que abogados defensores procuren llegar a un acuerdo con gobiernos de Uruguay y EE.UU.

Abigael Gonzales Valencia lider de "Los Cuinis" hermano del narco detenido en Uruguay.

EDUARDO BARRENECHE 08 dic 2016
La exembajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, será la abogada del mexicano Gerardo González Valencia, procesado el 23 de abril pasado por lavado de dinero. Cumple su pena en una unidad policial.
"Ya le mandamos al estudio de Julissa Reynoso toda la información sobre el pedido de extradición de González Valencia. Ella lo va a defender allá y nosotros en Uruguay", dijo a El País el abogado local del mexicano, Víctor de la Valle.
La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sostiene que González Valencia tiene nexos con el poderoso cartel de "Los Cuinis", liderado por uno de sus hermanos preso en ese país, Abigael González Valencia.
El 16 de junio pasado, la Justicia estadounidense solicitó a Uruguay la extradición del mexicano. González Valencia es acusado de cometer un crimen en la década de 1990 en California. También se lo imputa en una causa por supuesto tráfico de cocaína y anfetaminas en territorio estadounidense.
Ante el entonces juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, González Valencia negó cualquier vínculo con el cartel mexicano de "Los Cuinis" y dijo que está dispuesto a ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar esas acusaciones.
En ese país, agregó, "estaré más cerca de mi familia".
Días atrás, los abogados defensores de González Valencia, Víctor de la Valle y Enrique Moller, enviaron al estudio de Julissa Reynoso, ubicado en Washington, una copia del pedido de extradición.
El expediente, que cuenta con 106 folios, tiene en su carátula el logo de la Embajada de Estados Unidos.
Los defensores de Gerardo Valencia en Uruguay y el estudio de Julissa Reynoso pretenden llegar a un acuerdo con los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos antes de que se efectivice la extradición del acusado, señalaron a El País fuentes del caso.
En Estados Unidos, Reynoso también patrocina al empresario Francisco Casal en una demanda civil contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y empresas vinculadas a Fox Sports por considerar que ambos grupos armaron un esquema de corrupción para perjudicar a sus empresas.

 

 

Turista.

El 22 de abril de este año, González Valencia declaró ante la entonces jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, quien suplía a Valetti. En la audiencia también se encontraba la fiscal especializada, María Camiño.
—De los Santos: ¿Cuándo ingresó a Uruguay?
—González Valencia: La primera vez que vine fue hace cinco años y de ahí hice múltiples entradas, iba y venía durante esos cinco años, nunca estuve permanente. Siempre turista.
—D.L.S.: ¿Con qué se mantenía en Uruguay?
—G.V.: De recursos de México. Siempre los traía conmigo. Ingresaba lo permitido legalmente.
—D.L.S.: ¿A qué se dedicaba su señora?
—G. V.: Teníamos el proyecto de comercializar tequila en varios países. Aquí queríamos hacer algo como para generar rentas, pero no nos dio y luego vino la separación. En Argentina abrimos negocios tipo tiendas como las que están en las (estaciones) Ancap pero nos fue mal (...) Estuvimos viendo para hacerlo en Uruguay, pero comenzó la inflación diaria y robos en Argentina y las vendimos.
—D.L.S.: ¿Tenía conocimiento de que había un pedido de captura internacional en EE.UU. respecto de usted?
—G.V.: Sí. No sé bien el motivo porque ponen cuarenta mil problemas y cosas, donde hay organizaciones que se dedican a robos, muertes, etc., es la organización de Jalisco, pero no sé en concreto a mí de qué se me acusa.
—D.L.S.: Dice que por ingreso de toneladas de droga a EE.UU.
—G.V.: Eso es falso total. No me dedico a eso.
—D.L.S.: ¿Usted fue parte de esa organización?
—G.V.: No. Pero me vinculan por apellidos, familias.


>>> La abogada de Tenfield

El empresario Francisco Casal presentó una demanda en la Justicia de Estados Unidos contra varias compañías, empresarios, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y sus ex dirigentes acusados de corrupción, con el fin de obtener una compensación económica por daños de "cientos de millones de dólares", según publica el semanario Búsqueda.
Según el escrito presentado, corredactado por la ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Juissa Reynoso, los denunciados participaron "intencionalmente en un esquema" de coimas para favorecer a determinadas empresas en la asignación de los derechos de televisación de los torneos de fútbol de la región y perjudicando a las de Casal.
El dueño de Tenfield reclama una "indemnización por daños y perjuicios" por el triple de los daños sufridos, aunque detalla que el monto deberá determinarlo el juicio.
Según el escrito las empresas de Casal fueron "víctimas de un esquema de corrupción y lavado de dinero". La demanda presenta información respecto a las ofertas de Casal y las ofertas ganadoras. Por los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, entre 2015 y 2020, las empresas de Casal estaban dispuestas a pagar más de US$ 800 millones mientras que Torneos y Competencias pagó US$ 416 millones.
La demanda fue presentada el 20 de octubre por el bufete de abogados norteamericano Cadbourne and Parke Reynoso y Thomas McCormack en la corte Distrito Sur del estado de Florida en representación de las empresas GolTV y Global Sports, empresas utilizadas por Casal para pujar por los derechos de los torneos continentales.
La demanda está dirigida a la cadena Fox Sports, sus directivos Carlos Martínez, Hernán López, James Ganley, Torneos y Competencias, sus ex titulares Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis y a Conmebol y sus ex presidentes Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout, según detalla el semanario.
Burzaco ya se declaró culpable de recibir coimas para obtener los derechos de televisación de fútbol, mientras que Figueredo confesó su participación en estas maniobras ante la Justicia uruguaya. Napout, por su parte, pagó una fianza de U$ 20 millones en Estados Unidos y se declaró inocente.


>>> A la DEA no le crea

Diciembre 21, 2012 

 La Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) de Estados Unidos comenzó a operar nuevamente en Uruguay con la reapertura de su oficina en la embajada del país norteamericano, informó El País.
La DEA había cerrado su oficina hace 15 años y desde hace un tiempo EEUU gestionó trámites para volver a Montevideo, lo que fue acordado en 2012 debido al aumento de operaciones de narcotráfico registradas en Uruguay.

>>> Quienes son "Los Cuinis"
Cañonazos de dólares, no hay quien pueda

video









martes, 6 de diciembre de 2016

Colorín colorado

...y el traidor con la justicia fueron felices


Regresa a España como Walter Correa Barboza; debe volver a Uruguay el 15 de enero

La Corte autorizó a Amodio a salir del país con nombre falso



La Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó al ex tupamaro Héctor Amodio Pérez a salir del país con destino a España con pasaporte español en el que figura con nombre falso.
El abogado había hecho la solicitud para que Amodio pudiese pasar su cumpleaños y Navidad con su familia en España. La resolución fue adoptada el pasado 24 de noviembre (día de su cumpleaños) y fue comunicada el viernes a la Dirección Nacional de Migración.
La fecha de su salida del país aún no está decidida. Amodio Pérez, quien mantiene aun causas abiertas ante la justicia, fue procesado con prisión por reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados en régimen de reiteración real. El caso está a estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La fiscal Stella Llorente había apelado en setiembre pasado la decisión del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno que revocó la decisión de la jueza penal Julia Staricco de procesar a Amodio Pérez. La autorización de salida del país, fundada por la Corte en “criterios corrientes” (ver nota aparte), generó sorpresa y malestar en medios políticos cercanos al MLN-T. El senador Ernesto Agazzi calificó de “grave” y “ridículo” el criterio adoptado por la Corte.
Afirmó que “esto no tiene que nada ver con el señor Amodio Pérez y sí tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia que conciente esta salida de quien tiene una usurpación de identidad y permite salir a otra persona”.”¿O la Suprema Corte de Justicia no sabe quien es Amodio Pérez?”, agregó.
“En realidad, yo creo que la Corte hace una negociación política con la realidad y le permite salir con un nombre falso. Es bastante grave y ridículo esto para la historia jurídica del país. Si lo quiere dejar salir que lo dejan salir, pero tiene que autorizar a Amodio Pérez y no a Walter Barboza. Esto es una cosa rarísima.
Lo que me interesaría saber es si El País le va a pagar el hotel adonde él va a ir, medio éste que fue el que hizo toda la movida para traerlo y le saliò el tiro por la culata y les sigue saliendo el tiro por la culata”. El parlamentario del FA consideró que los criterios jurídicos tienen una cosa básica que es que tienen que tener una relación con la realidad, “si no el criterio juridico puede disparar cualquier absurdo como es éste el caso”. Para Agazzi, Amodio “ya murió porque, lo mató la realidad, al igual que a los que lo trajeron que después agarraron para otro lado, para el lado de Bonomi”.
Por su parte, el dirigente del MPP y exsenador de la República, Héctor Tajam señaló ayer que Amodio Pérez “puede tener algún problema cuando quiera ingresar a España con un documento que es falso”. Señaló que la Justicia investigó “bastante bien” el caso de esta persona que llevó a su procesamiento, “porque se dieron cuenta de cómo venía la mano”.
Por otra parte, Tajam consideró que la presunta “maniobra” que quiso hacer Amodio Pérez para perjudicar al MLN, “le salió mal”. Agregó que este extupamaro “no tuvo ningún eco en Uruguay, porque ni la derecha se subió a esta maniobra ya que se dieron cuenta que venía con poco asidero. No encontró el anclaje político ni ideológico que se le quiso dar”. Dijo que lo hecho por “esta persona no sirvió para sumarse a la campaña que hace la derecha en sus diferentes tópicos”.
Amodio Pérez fue uno de los dirigentes de la cúpula del MLN-T y fue acusado por el propio movimiento de ser un traidor que colaboró con las Fuerzas Armadas en los años previos al golpe de Estado de 1973. Posee pasaporte español con el nombre falso de Walter Correa Barboza, proporcionado por el general Esteban Christi, entonces jefe de la Región Militar Nº1. Con ese nombre, pudo huir del Uruguay junto a su compañera, Alicia Rey Morales, en octubre de 1973.
Y fue la identidad que utilizó en España durante cuatro décadas y con la que se presentó ante las autoridades uruguayas, en agosto de 2015, al retornar al país para presentar el libro “Palabra de Amodio: la otra historia de los tupamaros”. Ante la oficina migratoria del aeropuerto de Carrasco, Amodio Pérez se presentó como Walter Salvador Correa Barboza, de nacionalidad española. En el documento, figuraba como nacido el 24 de enero de 1937 en “Valparaíso (Uruguay)”.
El nombre falso, en realidad, correspondía al de un ciudadano uruguayo –que aún vive, según comprobó tiempo atrás LA REPÚBLICA- y a quien la dictadura militar usurpó su identidad.
“Corte utilizó mismo criterio de autorización”
La Suprema Corte de Justicia no modificó su criterio y adoptó el mismo “tipo tradicional” de autorización para salir del país que se aplica ante requerimiento similares, más allá de la notoriedad de la persona en cuestión. Fuentes de la Suprema Corte de Justicia, señalaron a LA REPÚBLICA que la decisión se fundó en el derecho que asiste a cualquier encausado a viajar fuera del país por un tiempo determinado (hasta el 15 de enero).
“La Corte no varió de criterio; estos pedidos,- agregó la fuente- “se dan incluso en situaciones donde existe condena, porque quien tiene condena y todavía no cumplió en libertad la totalidad de la condena, también muchas veces, solicita por ejemplo para pasar las fiestas con la familia y pide autorización para salir del país”.



O sea que es en el mismo tenor que se suele dar este tipo de salidas por un tiempo determinado. Sobre el nombre falso, la Suprema Corte de Justicia entiende que Amodio Pérez “ingresó al país con ese pasaporte y aparentemente es un pasaporte válido otorgado por el reino de España”. Por tanto, “quien emite y quien es responsable de esa documentación es otro país soberano, y sobre eso, como República Oriental del Uruguay, tenemos responsabilidad solo sobre la documentación que emitimos nosotros”.
“Todo lo que pueda objetarse respecto de su identidad es un tema en principio del reino de España”. “Si bien tenemos esta situación de doble identidad, la República Oriental del Uruguay tiene muy claro quien es Amodio Pérez. El problema de la segunda identidad es un tema del reino de España. Cualquier eventualidad, que pueda surgir respecto a la identidad que figura en el pasaporte lo resolverán las autoridades pertinentes del país emisor”, indicó el informante.
“El lo que solicitó, porque todavía no están concluidas las causas, fue una salida temporal como lo puede hacer cualquier encausado que esté gozando de libertad anticipada o libertad condicional y se otorga o no por la autoridad judicial. En general se otorga, depende de las circunstancias concretas”, agregó la fuente. La Corte utilizó en este caso “los mismos criterios que utiliza desde siempre para el otorgamiento de este tipo de salidas”.
Para este tipo de situaciones, en general, “cuando la investigación está concluida, cuando hay auto de procesamiento o no, cuando hay sentencia o no, es el otorgamiento lo que puede variar, es la caución ya que en algunos casos se pide caución juratoria, caución personal o el depósito de una suma de dinero.
En este caso, se solicitó una suma de dinero que es la misma desde hace años y que ronda los 50 UR”. Quiere decir, que para este caso, “no se cambiaron los criterios” y lo pedido por Amodio Pérez “está dentro de los cánones normales”.





Hay rollo para rato




Samuel Blixen

La Comisión Investigadora que desde la tarde del jueves 24 comenzó a indagar sobre las prácticas de espionaje de la inteligencia militar tendrá la difícil tarea de demostrar la existencia oficial de documentos que los mandos militares aseguran que no existen. Brecha aporta algunas pistas para ubicar rápidamente esos documentos, primer paso para desmontar la autonomía de la inteligencia militar.


Cuarenta y ocho horas antes de que el plenario de la Cámara de Diputados aprobara la instalación de una comisión investigadora parlamentaria sobre actividades de espionaje militar en democracia (véase recuadro), los mandos del Ejército hicieron la primera movida en el tablero, reveladora de la actitud que asumirán en los próximos 180 días en que se desplegará la indagatoria parlamentaria. Consecuentes con una línea histórica, los mandos han optado por negar la evidencia y encubrir el espionaje.

El mensaje fue trasmitido por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en ocasión de la convocatoria del Senado a Comisión General para abordar la situación general de las Fuerzas Armadas. En la ocasión, el ministro aclaró que no bien habían surgido las primeras denuncias periodísticas había consultado a los mandos sobre prácticas de espionaje a organizaciones políticas y sociales por parte de la inteligencia militar. Los mandos le informaron que desde la reinstalación de la democracia en 1985 tales prácticas fueron eliminadas. En la sesión del Senado del martes 22, el ministro detalló la respuesta de sus subordinados agregando nuevos elementos. Dijo que el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica le aseguraron que no hubo espionaje en años de democracia a partidos políticos, jueces, periodistas ni otras autoridades.

El desmentido sobre la existencia de espionaje de inteligencia en democracia (espionaje que surgió de los informes de dos peritos a una jueza penal al relevarse el contenido de la documentación incautada en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni) ya había sido adelantado por el ministro a los integrantes de la bancada del Frente Amplio que impulsaban la creación de la comisión investigadora.
Pero en el Senado el ministro Menéndez agregó otro elemento: “Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto”. El ministro se encargó de enfatizar que la afirmación sobre la no existencia de documentos era parte de la respuesta que había recibido; y además subrayó el carácter sugerente del adverbio “institucionalmente”, que abre una puerta lateral para considerar que la documentación incautada en el domicilio de Castiglioni era producto de una actividad “privada”.

La respuesta de los mandos al ministro juega con una ambigüedad que puede convertirse en un tiro por la culata. El ministro aparentemente debe atenerse a lo informado por sus subordinados, pero eventualmente podrá enfrentarse a una situación delicada, muy parecida a la mentira que unos generales hicieron llegar al presidente Tabaré Vázquez sobre la ubicación de restos de desaparecidos. Menéndez ya tiene sus dolores de cabeza con los “libretazos” del comandante de la Armada, el último de los cuales se refiere a la intimación y amenaza contra La Diaria por el contenido de un artículo de humor. La iniciativa del comandante Leonardo Alonso de enviar una carta al matutino amenazando con denuncias judiciales no fue avalada por el ministro ni por el presidente Tabaré Vázquez, quien en su primera presidencia contó con Alonso como edecán militar.

Ahora, la respuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Eduardo Pintos, y del director de la Inteligencia Estratégica Militar, coronel Juan José Pomoli, puede ser mucho más temeraria, entre otras cosas porque la comisión investigadora puede llegar a la conclusión, a poco que camine, de que sí hay, “institucionalmente”, documentación oficial sobre espionaje militar a políticos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, legisladores y magistrados.

La pretensión de que el material en poder de Castiglioni fue elaborado por una estructura “privada” de inteligencia no resiste el mínimo análisis y caerá por su propio peso cuando los historiadores Isabel Wschebor y Álvaro Rico testimonien ante la comisión investigadora que entre los documentos relevados a pedido de una jueza penal había muchos con visos de ser copias de originales de inteligencia militar.
Confirmar la procedencia de esa documentación incautada implicará acceder a los archivos de la inteligencia militar para verificar la existencia de documentos sobre espionaje que el general Pintos y el coronel Pomoli dicen que no existen.
A los efectos de ayudar a la búsqueda, Brecha puede proporcionar algunas pistas. En 2006, la entonces ministra de Defensa, Azucena, Berrutti, procedió “institucionalmente” a ordenar el lacrado de un armario metálico, en dependencias de una unidad de inteligencia militar en la calle Eduardo Víctor Haedo, que contenía rollos microfilmados. Esos rollos fueron “institucionalmente” digitalizados; la digitalización, en dos discos duros y en 51 Dvd, fue “institucionalmente” entregada al ministro de Defensa Nacional dos años después de la incautación, y dos juegos de copias fueron “institucionalmente” entregadas a la Presidencia de la República y al Archivo General de la Nación.
En ese archivo –que bien podría calificarse como “archivo Berrutti”, en honor a su descubridora– hay una inconmensurable información sobre un amplio abanico de actividades militares, que abarca un extenso lapso desde los años previos al golpe de Estado hasta el año 2005. En esos rollos hay fichas de detenidos, actas de interrogatorios, ficheros de partidos políticos, fichas correspondientes al fichero general del Servicio de Información de Defensa (Sid), ficheros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa), constancias de habilitación para cargos públicos, índice alfabético de delegados de mesa y candidatos de partidos políticos, fichas sobre personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de Sanidad Militar, listado de actas de reclusas, carpetas de detenidos, trámites relacionados con pasaportes, documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), fichas de abogados defensores de sediciosos, ficheros de jefaturas de policía del Interior, documentos del Departamento II (exterior) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid), documentación del Esmaco, documentación relacionada con el Conae, Primaria, Secundaria y Utu, fichas de procesados por la justicia militar, fichero general de la Dgid, documentación relacionada con el narcotráfico y, finalmente, documentación no detallada, año a año, hasta fines de 1999.
Pero en lo que refiere al interés específico de la comisión investigadora, y particularmente a la afirmación de los mandos sobre la inexistencia de documentos, merece detallarse la lista de los rollos incautados por la doctora Berrutti que refieren, específicamente, a “informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento III de la Dgid”. En los rollos numerados del 148 al 155 hay material de espionaje correspondiente al año 1987; los rollos 780, 854, 858, 902 y 918 refieren a informes de espías e infiltrados del año 1989; los rollos 994, 1020 y 1060 corresponden a 1991; el rollo 1077 es de 1992; los rollos 1214, 1216, 1278, 1295, 1298, 1302, 1305, 1307, 1311 y 1317 contienen informes del año 1993; los rollos 1323 y 1326, del año 1994; el rollo 1423 corresponde al año 1995; el rollo 1540, al año 1996; el rollo 1649, al año 1997; los rollos 1712 y 1713 corresponden al año 1998; y finalmente tres rollos (números 1856,1857 y 1858) corresponden al año 2005.
Todas esas microfilmaciones confirman el papel jugado por la estructura oficial de inteligencia militar en el espionaje. Pueden ser fácilmente consultados en el Archivo General de la Nación, en primer lugar por el propio director de Inteligencia Estratégica, para despejar la ambigüedad sobre la afirmación de no existencia de documentos. Por si ocurre alguna dificultad para ubicar esos informes de espías e infiltrados, los mandos pueden consultar –y eventualmente interrogar– a algunos oficiales cuyos nombres aparecen en informes de los espías. Por ejemplo: el documento número 1861, en el rollo 902, que informa sobre una oferta de venta de armas a Irán, contiene una anotación a mano, del oficial de inteligencia, que recomienda “preguntarle al capitán Francia”, del arma de Ingenieros. El coronel Ruggiero es citado en el documento número 295 del rollo 858, respecto de acciones de espionaje a diversos periodistas; y el teniente coronel Bonavoglia aparece como referencia a propósito de un informe sobre reuniones en la parroquia San Antonio. Y también, a efectos de confirmar el carácter institucional de ese espionaje, pueden consultarse los archivos de los otros departamentos de la Dirección General de Información del Estado –el Departamento I, el Departamento II y el Departamento de Contrainteligencia– que habitualmente recibían copias del Departamento II (Operaciones) de los informes de los infiltrados, como aquel –consignado en el documento 1788 del rollo 902– que daba indicaciones para espiar a los periodistas Ariel Hernández, Pedro Cribari y Omar Prego.
La reacción inicial de los mandos negando lo evidente obedece a una práctica reiterada que obliga a regresar una y otra vez al punto de partida, para impedir cualquier erosión de la autonomía que las Fuerzas Armadas edificaron a lo largo del tiempo. La táctica se aplica a cualquier esfera, sean los privilegios o la impunidad. Con ello, y una buena dosis de cinismo, retrasan el momento de dar cuenta de lo que hicieron y de lo que hacen.
A juzgar por la experiencia, es una táctica que da resultados. En este caso habrá que demostrar primero que hubo espionaje, para recién después establecer cuáles eran los móviles y los objetivos, qué se perseguía cuando se espiaba.
La Comisión Investigadora tiene una dura tarea por delante.





Amado denunció amenazas
“No gasten pólvora en chimangos”
Por Lourdes Rodríguez


La reafirmación ante el conjunto de sus colegas de que nada ni nadie doblegará su voluntad política, formulada por el diputado colorado Fernando Amado, tenía una justificación evidente: una ciudadana de apellido Castiglioni, presumiblemente familiar del coronel Elmar Castiglioni, en cuyo domicilio se incautaron documentos de inteligencia militar, lo amenazó con revelar secretos en el caso de que apoyara la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre espionaje militar.
Amado recibió insultos (“rata inmunda”, “gusano arrastrado”) y amenazas contra él y su familia el mismo día en que pronunció públicamente en El País sus apreciaciones sobre los alcances del archivo (“se trata de una insubordinación de los militares al poder civil”). Afirmó que no es la primera vez que recibe este tipo de mensajes intimidatorios (citó sin dar detalles los que recibe de “la hija de un connotado torturador”), pero que los de esta ocasión buscaban extorsionarlo para que no respaldara la conformación de la investigadora.
Además del apellido de la mujer que lo coaccionó, el legislador identificó que se trata de una persona que “se dice colorada”, pero que su cercanía a “alguna gente” del Partido Colorado le resulta muy evidente: “En el partido que yo me proyecto, esta clase de gente no tiene espacio ni tolerancia alguna. Me voy a encargar de erradicar a los inescrupulosos fascistas con el único fin de defender la democracia”.
Se puso a disposición de este ámbito (aprobado por unanimidad) y argumentó: “Este es el modus operandi clásico de este tipo de personas antidemocráticas que lo que buscan es tener información para después intentar chantajear y lograr determinadas cosas. Entender esto es entender la importancia de este tema”. Entre las razones de su revelación, Amado mencionó su intención de enviar “un mensaje muy contundente a todos los clubes de fachos, de enemigos de la democracia, de conspiradores, de torturadores, de espías y de un largo etcétera”. En esa dirección afirmó: “No gasten pólvora en chimangos, este legislador no tiene nada que ocultar y mucho menos va a ceder un milímetro ante sus cobardes amenazas. Se equivocan feo”.
Luego de su intervención recibió algunos gestos solidarios de integrantes de su bancada, pero también de varios de sus pares oficialistas, quienes se acercaron hasta su banca para demostrar el apoyo (Óscar Groba, del Espacio 609, Luis Puig, del Pvp, Jorge Pozzi, de Nuevo Espacio, Gerardo Núñez del Pcu).