domingo, 30 de septiembre de 2012

La prohibición de Amodio

Amodios


Prohibición de Fernández Huidobro molestó a defensores de DDHH 
En una inspección ocular del Batallón 13, donde funcionó el centro de torturas “300 Carlos”, no se permitió sacar fotografías.



28.09.2012
La prohibición de sacar fotografías durante una inspección ocular realizada este jueves en el Batallón 13, donde en la dictadura funcionó el centro de torturas conocido como “Infierno Grande” o “300 Carlos”, causó malestar en defensores de los Derechos Humanos (DDHH).
“Realmente no podemos creer esta decisión de (el ministro de Defensa, Eleuterio) Fernández Huidobro. Es algo que entorpece la causa judicial y que limita la función de un poder independiente del Estado”, dijo a la diaria el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien es representante en una denuncia por violaciones a los DDHH en la dictadura, presentada por el periodista Rodolfo Porley.
“Pareciera que el ministro no entiende estas cosas”, agregó el abogado.
Este jueves a la hora 14, Álvarez Petraglia, la fiscal Ana María Tellechea, la jueza penal de 7º turno Mariana Mota, los denunciantes, seies funcionarios del Ministerio del Interior y seis expresos políticos en calidad de testigos, concurrieron al lugar para realizar una inspección ocular del lugar.
Según relata la diaria, antes de que comenzara la inspección la jueza Mota le comunicó a un coronel que se iban a tomara fotos, a lo que éste, tras hablar con un general, le dijo que no iba a poder ser posible.
Álvarez Petraglia señaló que en el momento les explicaron que tras una consulta “directamente con el ministro Fernández Huidobro habría ordenado que no se podía sacar fotos”. El abogado agregó que las razones que se les dieron fueron poco creíbles. “Nos dijeron un verdadero disparate: que supuestamente habría en ese lugar armamento secreto”.
“Para nosotros sacar fotos es importante”, explicó. Sin las imágenes, durante la recorrido se hizo un croquis del lugar. El abogado agregó que todos los que estuvieron en el 300 Carlos declararon que había una escalera de 17 escalones, que está hasta hoy. “Esos testimonios coincidieron, pero en el marco de la causa es importante documentarlo”, expresó.
Desde Defensa se indicó a la diaria que no se sacaron fotografías porque “la orden judicial sólo se refería a una inspección ocular”.
A su vez, Fernández Huidobro señaló a a República que su cartera “colabora con la Justicia en forma permanente”, con entrega de información. Señalo que en ese caso “se dio cumplimiento a una resolución judicial”. “Este ministerio está de puertas abiertas, esa es la línea”, añadió.

 
LaRed21
Sábado 29 de septiembre de 2012
“Armamento secreto” 
Derechos Humanos: Justicia enfrentada a Huidobro por fotos prohibidas en cuartel
Las fotos que la Justicia ordenó tomar en el centro de torturas “Infierno Grande” (Batallón de Infantería No13), no pudieron hacerse por orden del Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, con el argumento que hay “armamento secreto” en la unidad, dijo la jueza de la actuación.
o único que había ahí eran unas máquinas viejas”, coincidieron los asistentes al procedimiento judicial, según publica el diario La Diaria.
“Realmente no podemos creer esta decisión de Fernández Huidobro; es algo que entorpece la causa judicial y que limita la función de un poder independiente del Estado. Pareciera que el ministro no entiende estas cosas”, dijo el abogado Federico Álvarez Petraglia, que patrocina una denuncia por violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura.

El “armamento secreto” a buen recaudo

El viernes, la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, acompañada de fiscal, denunciantes y testigos se apersonaron en el Batallón de Infantería No 13 (“Ïnfierno  Grande”  o “300 Carlos”) donde seis ex presos del Partido Comunista asistirían a una inspección ocular.
La jueza Mota explicó al coronel presente que tomarían fotos. La comunicación llegó al ministro quien negó la posibilidad. El abogado actuante afirma que los militares prohibieron el acceso del equipo fotográfico porque “habría en ese lugar armamento secreto: lo único que vimos cuando entramos eran máquinas en desuso”.
La Justicia considera importante tener imágenes de la pericia técnica ocular, en tanto documenta en el marco de la causa, según afirmaron los actuantes. Se espera que hoy el Ministerio de Defensa envíe a la jueza una explicación por escrito de la prohibición señalada.


El arma secreta que esconde Frenandez Huidobro en el Batallón de Infantería N0 13

ÑATOS EN EL CAMINO: EL MINISTRO ELEUTERIO FERNÁNDEZ SIGUE SIENDO UN OBSTÁCULO A LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA:

“Realmente no podemos creer esta decisión del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández. Es algo que entorpece la causa judicial y que limita la función de un poder independiente del Estado. Pareciera qanoche en diálogo con la diaria el abogado Federico Álvarez Petraglia, patrocinante de una denuncia por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, presentada por el periodista Rodolfo Porley.

Álvarez Petraglia expresaba así su molestia a raíz de un episodio registrado ayer a las 14.00 en el Batallón de Infantería Nº 13, donde funcionó el centro de torturas conocido como “Infierno Grande” o “300 Carlos”.

Hasta ese lugar, ubicado en Avenida de las Instrucciones y Casavalle, llegaron con el propósito de hacer una inspección ocular la fiscal Ana María Tellechea, la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, los denunciantes con sus abogados y seis funcionarios del Ministerio del Interior.

También concurrieron, en calidad de testigos y citados por la Justicia, seis ex presos políticos del Partido Comunista que estuvieron en el “Infierno Grande”: Martha Valentini, Beatriz Weisman, Mario Ítalo Moreni, Albert Moreira, Dari Mendiondo y Clarel de los Santos.

Unos minutos antes de empezar la inspección ocular, la jueza Mota habló con un coronel para informarle que se iban a tomar fotos. El coronel se comunicó con un general y poco después llegó la noticia. “Nos explicaron que tras una consulta que se hizo desde el comando del Servicio de Materiales y Armamentos del Ejército directamente con el ministro Fernández habría ordenado que no se podía sacar fotos”, explicó Álvarez Petraglia a La Diaria.

Según el abogado, las razones esgrimidas para impedir el ingreso de los equipos les resultaron poco creíbles.“Nos dijeron un verdadero disparate: que supuestamente habría en ese lugar armamento secreto. Lo único que vimos cuando entramos eran máquinas en desuso”, agregó Álvarez Petraglia. La inspección se pudo realizar y la jueza Mota, además de escuchar los testimonios de los seis ex presos, dispuso que los funcionarios de Policía Técnica hicieran un croquis del lugar.

“Para nosotros sacar fotos era importante. Por ejemplo, todos los que estuvieron en el 300 Carlos relataron que había un primer piso dentro del barracón al que se subía por una escalera de 17 escalones, que está hasta hoy. Esos testimonios coincidieron, pero en el marco de la causa es importante documentarlo. Las inspecciones oculares siempre requieren las imágenes de la pericia técnica”, detalló el abogado, quien insistirá para que eso pueda concretarse. Desde el Ministerio de Defensa se explicó a la diaria que se impidió fotografiar porque “la orden judicial sólo se refería a una inspección ocular”. La fuente consultada agregó que hoy se recibirá un informe escrito sobre lo sucedido.

De: Jorge Daniel Díaz


Va sin foto 
Malestar de defensores de los Derechos Humanos por decisión del ministro de Defensa.

“Realmente no podemos creer esta decisión de [el ministro de Defensa, Eleuterio] Fernández Huidobro. Es algo que entorpece la causa judicial y que limita la función de un poder independiente del Estado. Pareciera que el ministro no entiende estas cosas”, dijo anoche en diálogo con la diaria el abogado Federico Álvarez Petraglia, patrocinante de una denuncia por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, presentada por el periodista Rodolfo Porley.
Álvarez Petraglia expresaba así su molestia a raíz de un episodio registrado ayer a las 14.00 en el Batallón de Infantería Nº 13, donde funcionó el centro de torturas conocido como “Infierno Grande” o “300 Carlos”. Hasta ese lugar, ubicado en Avenida de las Instrucciones y Casavalle, llegaron con el propósito de hacer una inspección ocular la fiscal Ana María Tellechea, la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, los denunciantes con sus abogados y seis funcionarios del Ministerio del Interior. También concurrieron, en calidad de testigos y citados por la Justicia, seis ex presos políticos del Partido Comunista que estuvieron en el “Infierno Grande”: Martha Valentini, Beatriz Weisman, Mario Ítalo Moreni, Albert Moreira, Dari Mendiondo y Clarel de los Santos.
Unos minutos antes de empezar la inspección ocular, la jueza Mota habló con un coronel para informarle que se iban a tomar fotos. El coronel se comunicó con un general y poco después llegó la noticia. “Nos explicaron que tras una consulta que se hizo desde el comando del Servicio de Materiales y Armamentos del Ejército directamente con el ministro Fernández Huidobro habría ordenado que no se podía sacar fotos”, explicó Álvarez Petraglia a la diaria.
Según el abogado, las razones esgrimidas para impedir el ingreso de los equipos les resultaron poco creíbles.“Nos dijeron un verdadero disparate: que supuestamente habría en ese lugar armamento secreto. Lo único que vimos cuando entramos eran máquinas en desuso”, agregó Álvarez Petraglia. La inspección se pudo realizar y la jueza Mota, además de escuchar los testimonios de los seis ex presos, dispuso que los funcionarios de Policía Técnica hicieran un croquis del lugar.
“Para nosotros sacar fotos era importante. Por ejemplo, todos los que estuvieron en el 300 Carlos relataron que había un primer piso dentro del barracón al que se subía por una escalera de 17 escalones, que está hasta hoy. Esos testimonios coincidieron, pero en el marco de la causa es importante documentarlo. Las inspecciones oculares siempre requieren las imágenes de la pericia técnica”, detalló el abogado, quien insistirá para que eso pueda concretarse. Desde el Ministerio de Defensa se explicó a la diaria que se impidió fotografiar porque “la orden judicial sólo se refería a una inspección ocular”. La fuente consultada agregó que hoy se recibirá un informe escrito sobre lo sucedido.

Ver además :

El Muerto |||: Cartas de Zabalza a Huidobro

 

29s: vuelven a rodear el congreso



Gran número de personas en la entrada a la Carrera de San Jerónimo donde la Policía ha colocado un doble vallado para evitar que los congregados esta tarde en la plaza de Neptuno de Madrid, convocados por la Coordinadora 25S dentro de la iniciativa "Rodea el Congreso", lleguen a la Cámara Baja. EFE/ANGEL DIAZ

  Unos ciudadanos pasan frente al cordón policial colocado con motivo de la manifestación convocada por la Coordinadora 25S dentro de la iniciativa "Rodea el Congreso"

Efectivos de la policía a la entrada a la Carrera de San Jerónimo donde se ha colocado un doble vallado para evitar que los congregados esta tarde en la plaza de Neptuno de Madrid, convocados por la Coordinadora 25S dentro de la iniciativa "Rodea el Congreso", lleguen a la Cámara Baja.

Harto de estar harto

Politicos fuera!

Gritos y pancartas

Pitando al Congreso

NO!

No a los recortes de Rajoy


Convocados bajo el lema "si no sales a la calle estás de acuerdo con los recortes", los manifestantes españoles se movilizan en Madrid en las cercanías del Congreso de los Diputados para 'rodearlo' y para pedir la dimisión del Gobierno y el inicio de un proceso constituyente. Esta es la tercera protesta que se lleva acabo en la capital española. La jornada del 25S degeneró en violentos choques entre la policía y los activistas, dejando como resultado 35 detenidos y más de 60 heridos. Mientras, durante la protesta del 26S se registraron episodios aislados de brutalidad policial, se practicaron tres detenciones y tres personas sufrieron heridas leves.

Impresionante vista aérea .

 La brutalidad policial  
 ¡Que se vayan! ¡Que se vayan!” y “¡Roban, pegan y no nos representan!” Éste fue el clamor de las decenas de miles de personas que de nuevo, por tercera vez esta semana, llenaron anoche la madrileña plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno), para pedir la dimisión del Gobierno de Rajoy, la apertura de un proceso constituyente y que la democracia que sienten les ha sido arrebatada les sea devuelta.
A las seis de la tarde, pocas horas después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentara los presupuestos con el mayor recorte del gasto social en la democracia en el Congreso, miles de personas se congregaban ya en Neptuno. La Policía no permitió a los medios de comunicación instalar plataformas para transmitir la protesta, alegando que ésta no estaba autorizada.
Los antidisturbios volvieron a cortar el acceso a la Plaza de las Cortes con vallas, furgonetas y decenas de agentes. Como en las dos ocasiones anteriores, el 25S y el 26 S, este fuerte dispositivo policial impidió que los manifestantes se acercaran al Congreso.
A los cánticos que ya se corearon el martes y miércoles, se sumó anoche la petición por parte de los manifestantes de que los detenidos en las protestas de esta semana sean exonerados de las acusaciones que pesan contra ellos. De los 35 detenidos, 34 han quedado en libertad con cargos, aunque sus abogados aseguran que aún no saben de qué se acusa en concreto a sus defendidos ya que el juez ha dictado un auto colectivo.
Como en las otras dos manifestaciones, el colorido lo pusieron las banderas, muchas republicanas, y las pancartas. Se vieron carteles pidiendo un referéndum; otros, más irónicos rezaban “Si me queréis, irse” (recordando la famosa frase de Lola Flores) , y los ya clásicos, con los argumentos de los movimientos sociales que nacieron con el 15-M. Las frases “No, no, no nos representan”, y “No es una crisis, es una estafa” se volvieron a elevar anoche al cielo de Madrid.
La indignación entre los manifestantes marcó de nuevo el ambiente, aunque en esta ocasión no se produjeron cargas policiales tan violentas como las que el martes causaron 64 heridos.
Sin embargo, a ultima hora, cuando faltaban veinte minutos para las doce de la noche, y la Coordinadora 25S ya había instado a los manifestantes a que se marcharan ante el temor a un desalojo violento, los antidisturbios llevaron a cabo un amago de carga y propinaron un porrazo a un joven que quedó tendido inconsciente en el suelo con el labio partido. Este herido, y al menos otra persona, tuvieron que ser atendidos por los servicios de Emergencias aunque al final sus heridas no revistieron gravedad.
¡Libertad!¡Libertad!
Poco antes, otro manifestante había sido detenido, en medio de los gritos de centenares de jóvenes que clamaban “¡Libertad!¡Libertad!” mientras trataban de rodear el furgón policial en el que se lo llevaron. Cuando ya se había superado la medianoche, en la plaza apenas si quedaban un centenar de manifestantes y varias decenas de periodistas, rodeados por un número mucho mayor de antidisturbios y furgones policiales.
Finalmente, la mediación de un hombre, que llegó a un acuerdo con los antidisturbios, propició que los pocos manifestantes que quedaban se fueran marchando de la plaza, evitando así el desalojo.
Lo que ha quedado claro es que el 25 S no fue una manifestación aislada, sino el principio de una oleada de protestas populares, que parece no sólo no diluirse, sino cobrar fuerza. En otras ciudades españolas, como Barcelona, Murcia y Oviedo hubo también concentraciones de apoyo a los manifestantes de Madrid.
La Coordinadora 25S celebró además una asamblea en plena plaza de Neptuno, que seguirá este domingo en el parque del Retiro. En esta nueva reunión se debatirá cómo se va a dar continuidad a las protestas. El objetivo sigue siendo claro: la dimisión de Mariano Rajoy y de sus ministros, pero también la lucha contra los presupuestos plagados de recortes de su Ejecutivo.
La Delegación del Gobierno en Madrid cifró en 4.500 personas la asistencia a la manifestación de este sábado. Sin embargo, las imágenes aéreas mostraban la plaza de Cánovas del Castillo totalmente abarrotada. Medios internacionales, como la BBC, elevaron el número de manifestantes a 60.000 personas.



sábado, 29 de septiembre de 2012

Un delincuente llamado José Nino Gavazzo




Formado en el arma de artillería, José Niño Gavazzo Pereira fue escogido por el coronel Ramón Trabal como jefe operativo del Servicio de Información de Defensa. Una elección poco afortunada si se tiene en cuenta que, en diciembr
e de 1974, el propio Trabal fue eliminado a balazos en una playa de estacionamiento de París por miembros de ese mismo servicio, de acuerdo a lo publicado en la época por el periódico inglés The Guardian, que citó a fuentes de los servicios secretos de ese país.

Como jefe operativo de inteligencia, Gavazzo estuvo al frente de Automotores Orletti y es responsable directo, entre otros crímenes de lesa humanidad, de la desaparición forzada de 140 compatriotas en la Argentina. La mayor operación que comandó fue contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Diversos testimonios indican que, como él mismo se encargaría de demostrar en el transcurso del tiempo, sus verdaderas motivaciones eran las de un soldado de fortuna.

En efecto, las transacciones que siguieron al secuestro y posterior asesinato de Gerardo Gatti -principal dirigente del PVP- determinaron que embolsara para sí mismo y para sus secuaces una millonada suma en dólares procedente de las arcas de esa organización política.
Las víctimas de Gavazzo lo recuerdan como un torturador fanfarrón. Sus compañeros de armas se encargaron de la leyenda rosa y erigieron el monumento al corajudo oficial "que hacía la punta entrando pistola en mano a locales de la subversión".

Claro que esos locales de la subversión habían sido minuciosamente vigilados y Gavazzo entraba pistola en mano cuando le constaba que en su interior sólo quedaban mujeres y niños y la situación era fácil de controlar, para después montar una ratonera.
"Si la mano venía complicada, mandaba a hacer la punta a cualquier miliquito, como hacían todos los demás oficiales", dijo a CARAS y CARETAS un cuadro del sector militar del PVP sobreviviente de la masacre. Y agregó: "En el único local en que hubo resistencia fue en donde estaba el 'Negro' Mechoso (Alberto Cecilio Mechoso, desaparecido en Buenos Aires) y ahí no hizo la punta ni en joda...".
Como responsable del aparato represivo desplegado por el Servicio de Información y Defensa (SID) en Argentina, Gavazzo fue responsable de la enorme mayoría de torturas, asesinatos y desapariciones. Eso incluye los casos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.

Al respecto, conviene recordar el testimonio prestado por Enrique Rodríguez Larreta ante un tribunal argentino con relación a su detención en Automotores Orletti: "Cuando yo reclamo por mis derechos él (Gavazzo) me dice: Viejo de mierda, ¿vos qué te crees?, aquí ha habido gente más importante que vos y esa gente está tocando el arpa con San Pedro... Significaba claramente que había habido personas de importancia social en Uruguay ahí detenidas y que habían sido eliminadas".
Gavazzo es también autor identificado del secuestro de Sara Méndez y del robo de su hijo, Simón Riquelo, cuando éste tenía apenas 20 días de nacido.

Cuando Gavazzo se encontraba en Montevideo o abocado a otras tareas, el mando de Automotores Orletti quedaba en mano del capitán Pedro Mato (a) 'El Burro', a quien se sindicó como autor material de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo. Mato reside en la ciudad de Rivera y hasta hace algunos años prestaba servicios de 'seguridad' en la Zona Franca de Rivera, por aquellos años centro del contrabando norteño.
Gavazzo solía torturar a sus víctimas a cara descubierta y, entre otros detalles, le producía deleite encender cigarrillos con un Zippo que lucía el emblema de la CIA y que le había sido obsequiado tras sus cursos en los servicios estadounidenses.

Pero no todo fueron flores con los gringos. Las preocupaciones comenzaron cuando el congresista demócrata Edward Koch propuso al Congreso que se cancelaran los aportes económicos-fundamentalmente la ayuda militar- a aquellos países latinoamericanos que violaran los Derechos Humanos.
El número uno de la CÍA en Montevideo, Frederick Latrash, mantuvo un encuentro de tercer tipo con Gavazzo y el coronel José Fons a mediados de 1976. Ensoberbecidos por torturar a mujeres y hombres indefensos y borrachos en la circunstancia, los militares uruguayos se quejaron de la actitud del congresista Koch y le dijeron: "Quizás deberíamos enviar a alguien a los Estados Unidos para que se haga cargo de ese congresista Koch". Los dos oficiales agregaron que el "trabajo" bien podía hacerlo la DINA de Pinochet. Latrasch informó a sus superiores pero afirmó que, a su juicio, sólo se trataba de una afirmación realizada por borrachos. Dos meses más tarde, un comando de la DINA asesinó con una bomba a Orlando Letelier en pleno centro de la capital estadounidense.



LADRÓN DE GALLINAS
Esta no es la primera vez que Gavazzo se enfrentará a un juez penal. Ni guerrero ni lleno de honor, Gavazzo ya fue procesado por la Justicia por la comisión de un delito de violencia privada. Un procesamiento timorato y condicionado por la fiscalía, obviamente por el gobierno de la época, que pidió el cambio de carátula al delito inicialmente atribuido al torturador: extorsión.
Junto a Gavazzo también resultó procesado otro conocido torturador y asesino que también retornará ante los estrados judiciales, está vez acusado por el asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman: Ricardo Medina (a) 'El Conejo'.

El caso comenzó en febrero de 1994 cuando los propietarios de una imprenta fueron contactados por Medina. Este les propuso numerar las series de billetes falsos de 5 mil cruzeiros. Medina pagó el trabajo con dos cheques que les fueron devueltos a los imprenteros al estar denunciados por... hurto. La firma de los cheques robados era del 'héroe' Medina.
Ante el hecho, la imprenta decidió no realizar el trabajo. Como resultado de ello, Medina pasó a buscar a la pareja de imprenteros y los sacó a 'pasear' en un Volvo de color verde.

El coche era conducido por Gavazzo quien se presentó como el 'Doctor Mauro'. Luego de un largo y silencioso trayecto, el auto se detuvo en medio de la noche y la nada. Gavazzo, armas en mano, incluso exhibiendo una granada de fragmentación, amenazó a los propietarios de la imprenta para que concluyeran el trabajo.

En los días que siguieron a esa nueva privación ilegal de la libertad, Gavazzo acosó el domicilio de los imprenteros. Al final, éstos decidieron realizar la denuncia tras anotar la matrícula del Volvo y averiguar, a través de un amigo que trabajaba en el Ministerio del Interior, que el automóvil pertenecía a María Inés Busquiazo, esposa de Gavazzo. Ante el juez, Gavazzo negó todo. Pero, finalmente, el torturador dio un mal paso sólo explicable por haber sido entrenado en técnicas de interrogatorio pero no de contra interrogatorio. Por eso, y por su estulticia y cobardía. En efecto, en un careo dijo: "Además quiero agregar que también falta a la verdad (el denunciante) cuando dice que vio al doctor Mauro de cuerpo entero". El fiscal, sin salir de su asombro, tomó aquellas palabras como lo que intrínsicamente eran: una confesión.

Tras el procesamiento, el Ejército le realizó un Tribunal de Honor que concluyó que no existían méritos para sancionar a Gavazzo. Por el contrario, tras la comisión del delito y de la posterior sentencia, el mayor José Niño Gavazzo fue ascendido a Teniente Coronel.
Más adelante aparecerían otros dólares y billetes brasileños falsos relacionados con la 'polibanda' que operó en el país. Siempre la misma barra: mano de obra desocupada del régimen dictatorial.

Tomado de CARAS Y CARETAS, 29/7/05.



Este personaje es Rodolfo M Fattorusso editor del libro de Gavazzo.

Rodolfo Bernabé Macías Fattoruso (Montevideo, 27 de julio de 1953), conocido como Rodolfo Fattoruso dueño de la editorial Artemisa

Rodolfo Fatturoso en su biblioteca.
Ejerce la crítica literaria desde 1976 en el semanario Búsqueda. También es columnista cultural de Radio Sarandí y realiza comentarios bibliográficos en Canal 4. Anteriormente fue crítico de teatro y cine, editorialista y redactor responsable del diario El Día. También fue editorialista de los diarios La Mañana y Últimas Noticias.
Fue director del Instituto Nacional del Libro, director de informativos de Televisión Nacional de Uruguay y co-director de la Colección Clásicos Uruguayos del Ministerio de Educación y Cultura. Fue asesor de los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle. Cumplió funciones como asesor y docente del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) y del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN). También fue directivo del Instituto Cultural Uruguay-Argentino y del Instituto Cultural Uruguay-Israel.
Imparte talleres de literatura y filosofía y es director de Artemisa Editores. Es autor de diversos libros de ensayo. Se ha especializado en el estudio de los aspectos filosóficos de la obra de Jorge Luis Borges.
Entre 2006 y 2007 se desempeñó como portavoz del Círculo Militar "General Artigas". Fattoruso se encargó de trasmitir la posición de los militares contraria a las extradiciones hacia Argentina de oficiales acusados de haber cometido delitos en dicho país.


 


LaRed21Viernes 28 de septiembre de 2012
Sin palabras 
Gavazzo por Gavazo: “Yo apretaba el gañote” hasta tener una respuesta 
  El coronel retirado, José “Nino” Gavazo, recluido en la cárcel militar de Domingo Arena desde 2006 por múltiples acusaciones de violación a los derechos humanos, reconoció haber “apretado el gañote” a algunos de sus detenidos durante la pasada dictadura militar, y aseguró no estar arrepentido.
 as afirmaciones del ex torturador aparecen en un libro autobiográfico: “José Nino Gavazzo, Mi Testimonio”, que será publicado en breve tiempo y del que se conoció un adelanto este jueves a través del semanario Búsqueda.

En su libro, Gavazzo dice que los hechos se desarrollaron dentro del contexto de una guerra. “Como en todas ellas estaban en juego día a día, minuto a minuto, las vidas de seres humanos, las cuales era mi responsabilidad defender”.
Asegura que apenas producido un apresamiento se entablaba una “lucha contra el tiempo” para poder obtener información de los detenidos lo antes posible y de esa forma evitar muertes.
“En 1974 cuando un detenido demoró en unos pocos minutos más en dar una información, esa tardanza derivó en la muerte a manos de los terroristas del dueño de un bar donde se iba a realizar un contacto, de un soldado de Infantería y de uno de los subversivos, además de varios heridos, ejemplificó el torturador.
“Yo apreté a algunos enemigos de entonces, pero lo hice para prevenir un mal mayor. Hoy y siempre dije y diré: no estoy arrepentido de lo hecho porque lo hice por imperativa necesidad con la intención de salvaguardar la seguridad de mi patria y de mis compatriotas, cumpliendo órdenes de mis superiores jerárquicos, siempre actuando dentro del marco de la institución Ejército y nunca a escondidas”, asegura.
Asegura que las Fuerzas Armadas “no inventaron nada nuevo” y desde que “el hombre desató la calamidad de la guerra el apremio existe y existirá”.

Críticas

“Lloriquear por clemencia no es de hombres; querer vengarse por otros medios por haber sido derrotado en el campo militar es de cobardes; tratar de lucrar económicamente con la sangre de los que han caído es de miserables”, expresa.
Asimismo considera que está preso en forma ilegal, al tiempo que critica al ex presidente de la República, Tabaré Vázquez por “iniciar el camino para desconocer la Ley de Caducidad, y al antropólogo José Lopezz Mazz, quien “sigue escarbando, haciendo pozos, pero siempre cobrando y cobrando honorarios”.
También  cuestiona a Sara Méndez a quien define como “una mujer que en la disyuntiva prefirió ser terrorista antes que madre y luego pretendió reclamar como madre lo que había perdido como terrorista”.

El crímen del maestro Julio Castro
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¡Basta de TORTURA en las cárceles de Colombia!

(AW)Imagen de Areito para denunciar la tortura en Colombia: la publico en agosto 2012 con un nuevo texto, porque lamentablemente la tortura contra la oposición política en Colombia, lejos de cesar, se ha incrementado en los últimos años, en el régimen de Uribe y hoy con el régimen de Santos. La tortura en las cárceles revela sistematismo, y asimismo las detenciones-desapariciones forzadas que son crímenes de lesa humanidad que significan tortura para el desaparecido, sus familiares y su entorno social, siguen creciendo.Para ahondar sobre la realidad de la tortura en Colombia recomendamos leer y difundir en solidaridad la siguiente investigación:Parte V del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *(Por Azalea Robles)


Con Veronika fuimos invitados a la "avant premier" de "EL ALMANAQUE", película (o documental?) de José Pedro Charlo y Jorge Tiscornia. Despertará admiración la persistencia tozuda y el ingenio de Jorge para preservar los anales de la vida carcelera, su minuciosidad para registrar los más mínimos detalles. La mano de Charlo los conducirá por los pasillos más horrorosos sin agredir sensibilidades... está visto que cada película, cada obra de arte de un ex-preso político, renueva la derrota de los cóndores uruguayos, no pudieron destruirnos, ni en Punta de Rieles ni en Libertad.
  Como me escribió Miguel Ángel Olivera, los que pasamos por el Penal de Libertad (presos y familias) nos sentimos completamente identificados en esas memorias que Jorge fue codificando día a día, a lo largo de 12 años. Lo mismo le ocurre a las compañeras que estuvieron recluídas en Punta de Rieles y a sus familiares. Corremos el riesgo de sentir que “Almanaque” es un recuerdo, que pertenece al pasado y ahora el futuro nos pertenece. Sin embargo, la historia de tortura y vejámenes, de omisión de asistencia médica y privación de medicamentos no ha terminado en América La Pobre.

 Los compañeros de la Agencia Rodolfo Walsh me hicieron llegar esta denunca sobre los crímenes que se cometen diariamente en Colombia contra los 9.500 presos políticos. Situación que se repite a lo largo y lo ancho del continente. Es bueno tener presente que nosotros y nosotras sobrevivimos a las cárceles militares pero los cóndores continuan sobrevolando el Amazonas, el Plata y los Andes, de otra manera podríamos dejarnos vencer por la sensación del "ya fué", de que al abrirse las puertas de rejas en marzo de 1985 la historia de la ignominia acabó. Seguramente iremos con Veronika a ver "El Almanaque" nuevamente pues nos gustó mucho, pero al ver las caras de campo de concentración de los compañeros que eran llevados a los juzgados de la barbarie miliquera, recordaré a los peruanos, paraguayos, hondureños y colombianos que está AHORA pasando por aquello que tan bien conocemos. En Grecia también las cárceles están pobladas de presos políticos. Esperemos el sentir solidario les ayude a vencer los sufrimientos a que están sometidos. un abrazo fraterno
 Tambero


"Presos políticos lisiados, paralíticos, ciegos o enfermos son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y son privados de medicamentos y asistencia médica, de manera a que las enfermedades los consuman: son mensajes que buscan paralizar la empatía social. Se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad".
Diomedes Meneses: ‘utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas', está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica. Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH: ‘necesitó atención médica para evitar la pérdida de visión, pero nunca le fue brindada'.
"Los presos políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica. Que las organizaciones solidarias del Mundo exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de tortura". CSPP

1.Introducción

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Para finalizar este Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en Colombia [1], abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta de carácter sistemático: representa un mensaje de terror enviado a la sociedad en su conjunto. Es el‘castigo' contra el pensamiento crítico, la reivindicación social, y la empatía. De los miles de presos políticos amordazados en las cárceles colombianas, se estima que el 90% son civiles encarcelados con la finalidad de desmantelar la organización social, y que el 10% son presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones insurgentes. La persecución sistemática contra la oposición política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2]. Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus categorías: a los presos políticos civiles y a los presos políticos de guerra se les endilga, mediante grotescos montajes judiciales, cargos por delitos comunes: "La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas, con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide la extradición por delitos políticos]"[3]. Sindicalistas, estudiantes, líderes campesinos, defensores de DDHH (etc.) terminan presos por ‘terrorismo' y otros delitos comunes, debido a las estrategias del estado colombiano para negar su accionar represivo a la par que lo intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y atentados además de chantajes con su vida o la de sus familiares, con la finalidad de convertirlos en falsos ‘testigos' contra activistas sociales. La reivindicación de justicia Social -en el 3er país más desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria.
2. La tortura: enviar un mensaje de terror a la sociedad, paralizar la reivindicación mediante el miedo
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La represión sistemática contra la organización social es un mensaje de terror de estado contra la población: se expresa en el encarcelamiento político, en el asesinato político, en el control social, en la desaparición forzada [4]; se expresa en las torturas terroríficas ejercidas por la herramienta paramilitar en coordinación con el ejército en las zonas a despojar [5], torturas a modo de escarnio público para provocar masivos desplazamientos forzados [6]; en ese mismo orden de ideas, de paralizar la reivindicación mediante el miedo, se implementa la tortura en las cárceles colombianas. Es parte del Terror de Estado: su función no es solamente ejercer la crueldad contra el opositor privado de libertad, para generarle a éste sufrimiento, sino enviar un mensaje de terror a quiénes quisieran oponerse a un Status Quo imperante de saqueo y empobrecimiento. Así, las situaciones límite de presos políticos lisiados, paralíticos, mancos y ciegos, o enfermos que son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y que son privados de medicamentos y asistencia médica de manera a que las enfermedades los consuman, son mensajes que buscan paralizar la empatía social: se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad.
Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay igualmente negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH por parte del estado colombiano [7]; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reducción de pena y excarcelación a presos lisiados y enfermos terminales, también se denuncia el alejamiento geográfico y separación familiar como forma de tortura, las palizas, descargas eléctricas, envenenamientos (combustible, materia fecal, vidrios en las comidas), la privación de agua, los encierros prolongados en calabozos, el hacinamiento extremo [8], los tratos degradantes y las humillaciones de carácter sexual, las amenazas de extradición, las torturas a familiares que van desde manoseos hasta violación y desaparición forzada. La impunidad ampara la tortura, no son respetadas las sentencias de la Corte Constitucional, tampoco las tutelas. Además se expiden leyes enfocadas a la persecución de la protesta social como la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno Santos, y normas internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que vulneran los DDHH [9]. De ahí la importancia de que crezca la solidaridad activa con los presos políticos. Hay razones políticas, éticas y humanitarias de sobra para que la sociedad colombiana e internacional alce un clamor solidario.
3. Grave situación de homicidios de presos a manos de las autoridades por tortura y negación de asistencia médica
 
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Por negación de asistencia médica los presos quedan lisiados, paralíticos, ciegos, o pierden la vida [10]: "A cada prisionero nos ha tocado activar el sistema de amparo mediante la tutela, mecanismo constitucional que el INPEC no cumple, burlándose del fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa por desacato"[11].
Los casos de presos asesinados por negación de asistencia médica son alarmantes: estas torturas son aplicadas con particular saña contra los presos políticos. Las organizaciones de DDHH lanzan la alarma. Dada la cantidad de presas y presos políticos en situación de tortura en las cárceles colombianas, presentaré solamente algunos casos.
José Albeiro Manjarrés falleció el 8 de enero 2011, devorado por un cáncer de estómago para el cual le negaron los análisis durante más de un año, incluso cuando ya perdía masa muscular a simple vista [12]. Ante la gravedad de su caso y los atroces dolores que padecía, los demás presos desarrollaron una huelga de hambre e interpusieron una tutela para que el estado lo atendiera; pero todo fue en vano: hubo negación absoluta de atenderlo por parte de las autoridades, propiciando así el cáncer terminal y la muerte. El ensañamiento llegó a tal punto contra este preso político que fue inscrito como NN en la morgue "a pesar que el INPEC contaba con la plena identificación y tenía los teléfonos de la familia, a quienes nunca informaron de su muerte" [Ibíd. ].
El preso político Arcesio Lemus también fue asesinado por negación de asistencia médica y tortura; el testimonio de su hija retrata la vida de una familia, que es la historia de la persecución a la oposición política. También alerta sobre la existencia de una política de Estado contra los presos políticos:
"Mi padre, Arcesio Lemus, se hizo líder comunitario, y un referente del trabajo revolucionario en el Tolima. Ese tipo de cosas no las perdona el Estado. Así que en la década de los 90 mi padre tuvo que desterrarse para salvaguardar su vida (...) Mi madre fue víctima de un montaje judicial, que la tuvo dos años tras las rejas. Yo fui conducida a una correccional de menores cuando tenía 15 años(...) Fueron años de presión que no le dejaron [a Arcesio Lemus] más opción que la clandestinidad. Se incorporó al ELN, como salubrista (...) En 2005 mi papá fue detenido. Empezó el calvario del encierro. (...) Comenzó a enfermar: a la edad de 65 años empezó a tener intensos dolores de cabeza y mareos. Los directivos penitenciarios se llenaron de solicitudes de mi padre, en donde les exigía su derecho elemental a la salud. Nunca fueron atendidas por el INPEC. Mi padre empezó a sufrir desmayos que tampoco fueron atendidos. Sus compañeros de cautiverio hicieron huelgas y motines, hasta que lograron que lo sacaran a "la unidad de sanidad", donde lo aislaron. (...) Empezamos a gestionar visitas de organismos de derechos humanos (...) pero nada funcionó. Fue remitido, en grave estado de salud, nuevamente a la cárcel. (...) [Luego en] el Hospital Lleras Acosta recibió una atención deshumanizada y humillante, como suelen recibir la mayoría de presos (...) Sin atender su delicada situación fue devuelto a la cárcel(...) Logramos una visita de diez minutos, y lo encontramos con un golpe terrible en la cabeza, bañado en sangre y en una situación peor. "Fue que se cayó", nos dijeron en el INPEC. Empezamos a rogar que lo llevaran de nuevo a un centro médico. Mi padre ya no podía hablar tan siquiera, llevaba casi quince días vomitando, no controlaba esfínteres, había perdido peso de manera alarmante y, por si fuera poco, se agregaba un trauma craneoencefálico que nunca se supo cómo sucedió dentro de la cárcel (...) Fue remitido a una institución hospitalaria, ya en estado de coma. Allí le encontraron un tumor en su cerebro (...) el 29 de junio 2010, falleció. (...) [Es] la ignominia que viven los presos colombianos, especialmente los presos políticos, contra quienes pareciera existir una política de Estado(...) El INPEC paga a la EPS que atiende la salud de los internos, casi 32 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto dinero de ese se invierte en atender la salud de los internos, si pasan años para que sea aceptada una solicitud de revisión médica, de exámenes, de tratamiento?"[13].
 
 
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Las muertes por negación de asistencia médica suceden una tras otra, en la más absoluta impunidad. El 1 de noviembre 2011 fue asesinado por tortura Ricardo Contreras: molido a palos por la guardia, y privado de asistencia médica [14]. El 15 de noviembre 2011 el estado asesina al preso Jhon Jairo Garcia por tortura de negación de asistencia médica [15]. En la cárcel el Pesebre muere Jonathan Smith Arias en enero 2012 [16], y el 9 de abril 2012 fallece Yovani Montes, ambos por negación de asistencia médica [17]. En diciembre 2011 fallece Luis Fernando Pavoni [18], y el 14 de junio 2012 fallece Óscar de Jesús Pérez, ambos por negación de asistencia médica, en Bellavista [19]... La lista continúa de manera aberrante. La Personería de Medellín reporta que: "en los últimos dos años han muerto 12 reclusos por falta de atención médica" [Ibíd. ], y el mismo drama se repite en cada región de Colombia.
En diciembre 2011 defensores de DDHH denuncian: "la inminente negligencia de la fiscalía, que se niega a expedir la resolución de traslado del penitenciario a un centro de atención medica pertinente al caso de salud de José M. Álvarez Tonguino recluido en la PICOTA-ERON y solicitado en extradición, que padece de una enfermedad que no ha recibido un trato adecuado y que por solicitud del médico interno, es necesaria la atención especializada urgente debido al estado de descomposición de su axila. El caso de Tonguino, a quien se le está violando su derecho a la salud, no es un fenómeno aislado, varios prisioneros han muerto (...) Es innegable que en las cárceles de Colombia se violan los DD.HH., se da un trato contra la dignidad humana"[20]. Pese a las súplicas de familiares y organizaciones, la negación de asistencia médica acaba con la vida de Tonguino a inicios de 2012. Son reiteradas las solicitudes -infructuosas- de que "se abran las investigaciones contra los funcionarios del INPEC, en cabeza de su director General de la policía G. Ricaurte, la Dirección de la Cárcel PICOTA-ERON y contra el personal de la guardia, por violar la Ley 65/93, Art. 16 CN y el acuerdo 0011/2002. (...)que se garantice el Derecho a la Vida" [Ibíd.].
La impunidad es total para un mecanismo de tortura y homicidios. Algunos presos políticos que han sido asesinados por negación de asistencia médica son: Jordán Fabián Ramírez, Otoniel Calderón Ovalle, Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés [21].

4. Presos políticos que están siendo asesinados por tortura de negación de asistencia médica
 
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Los presos son privados de medicina, y los médicos encarcelados. Por curar a todo aquel que requiriera asistencia médica en la región dónde vivía, Carlos Figueroa, médico cirujano, fue víctima de montaje judicial y condenado a 20 años de prisión por "rebelión", para castigar su respeto por la vida: "A nivel judicial también existen los ‘falsos positivos'". Este médico preso político padece de cáncer: "Para que me iniciaran el tratamiento tuve que demandar al estado; pero no me llevan a las citas. Muchos enfermos reciben peor trato incluso (...) Apenas se denuncian los maltratos somos llevados a cárceles de alta seguridad, como lo que me ocurrió por pedir agua potable (...) Los presos políticos deberíamos estar en patios diferentes a los de los paramilitares y aquí no hay ninguna clasificación"[22].
Están en alto riesgo de muerte por negación de asistencia médica varios presos políticos. Señalaré algunos casos. El preso político Devis Ochoa [23] es diabético de tipo dos, ya pesa tan sólo 47 kilos, y se le niega una alimentación adecuada y la asistencia médica como forma de tortura que provoca la muerte; también se le ha introducido en un patio de paramilitares, en un intento de asesinato.
Al preso político Gustavo Giraldo el estado también lo está asesinando por negación de asistencia médica: padece de una enfermedad degenerativa que le ha hecho perder más de la mitad de su peso, cada día sin asistencia lo empuja a la muerte [24]. El preso político Hernán Rodríguez Díaz realizó una huelga de hambre reclamando asistencia médica y su traslado de penal, dado que el INPEC lo envió al "centro de tortura de Valledupar", alejándolo de su núcleo familiar[25]. "El prisionero político padece una infección estomacal, un problema visual y dolores en la vejiga, por lo que ha presentado múltiples peticiones de atención médica las cuales han sido ignoradas. Hernán Rodríguez Díaz y 44 prisioneros mas denunciaron que se encontraban enfermos por causa de la contaminación del agua y alimentos, padeciendo los síntomas de caída de cabello y uñas, diarrea, sangrado rectal y oral, sin que hubiesen sido atendidos" [Ibíd.].

5. Presos políticos de guerra heridos: negación médica, tortura extrema
 
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La situación de los presos políticos de guerra es dramática: éstos son con frecuencia capturados heridos tras combates o bombardeos, y se les niega la asistencia médica, empujándolos a la muerte o a la pérdida de sus miembros. Tal es el caso del preso político y de guerra Rolando Gradados que tiene las piernas y los brazos destruidos, y es torturado al negársele asistencia médica, restringírsele el agua potable y presionarlo a falsas confesiones bajo amenaza de extradición: "No puede caminar, ni comer solo y siempre debería estar asistido por una enfermera, sus necesidades deben ser realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la pésima alimentación del penal pone en riesgo su vida, no recibe la dieta ordenada por el médico, soporta fuertes dolores (...) Fue abordado por dos hombres de aspecto extranjero en el área de sanidad de la cárcel y estos lo hostigaron afirmándole que sería extraditado a Estados Unidos si no confesaba(...) Fue alejado de su familia en una política de destierro que vulnera un derecho fundamental. En el área donde se encuentra hay 9 internos que no están asistidos correctamente, ni enfermera tienen, incluso hay un enfermo terminal. Les están restringiendo el agua"[26].
 
 
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El preso político de guerra Diomedes Meneses Carvajalino ha sido víctima de torturas por parte del estado colombiano, que le sacó un ojo con un puñal, e intentó asesinarlo en repetidas ocasiones, "utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas propinadas por funcionarios del Gaula"[27]. Además está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica: "devorado por una bacteria agresiva que le está carcomiendo el tejido muscular y óseo(...) la infección se trasladó al glúteo, afectando su integridad física: se expone a amputación (...) Por más de dos años una bacteria corroe su humanidad (...) Iguales circunstancias padecen miles de presos que son desatendidos en las prisiones colombianas, lugar donde se tortura sistemáticamente, incumpliendo el Estado colombiano sus obligaciones constitucionales de respetar el DIH, los derechos humanos" [Ibíd.], denuncia el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
La situación de los presos ancianos, lisiados o con enfermedades crónicas en las cárceles colombianas es vergüenza para la humanidad: el hacinamiento, la insalubridad, la privación de agua, la comida descompuesta, las agresiones físicas de los guardianes o del paramilitarismo los vulneran de manera inexorable. Iván Cepeda denunció: "La gravísima situación se expresa en que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal"[28]. La debida reducción de pena y la excarcelación de presos lisiados o enfermos terminales es negada con saña. En mayo 2012 denuncian: "El prisionero Nelson Guzmán se encuentra cuadripléjico y sin la atención medica adecuada, en condiciones miserables (...) El juez Escobar ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a verlo, pese a la solicitud de prisión domiciliaria. Situación similar ocurre con los prisioneros de la tercera edad que sufren penosas enfermedades"[29].

6. Tortura aberrante e intento de asesinato contra preso político sin brazos y ciego
 
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El ensañamiento contra los presos políticos alcanza niveles aberrantes: el preso político Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, está encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH. Oscar fue arrestado de civil en fase de recuperación; pero perdió por completo la visión por causa de la negación de asistencia médica del INPEC: "Un joven que sufrió amputación de los miembros superiores y durante todo este tiempo necesitó atención médica urgente para evitar la pérdida de su visión, pero ésta nunca le fue brindada"[30]. Su defensor logró sacarlo de la cárcel al cabo de 7 meses, gracias al dictamen de "Medicina Legal que afirma que por sus discapacidades físicas no puede estar en un centro penitenciario. Le otorgan detención domiciliaria." Pero el estado, en una clara demostración de ensañamiento con fines de tortura, revocó la detención domiciliaria: "En medio de una de esas ilegales jugadas que realiza la rama judicial por orientación directa de los organismos de seguridad (...) Oscar es condenado a 40 años de prisión y remitido a la Cárcel de Itaguí, ignorando el dictamen de Medicina Legal" [Ibíd.]. El estado colombiano viola el DIH y se empecina en mantener una situación de tortura: un mensaje de terror. Además de causar la ceguera de Oscar, el INPEC profundiza la tortura: "Óscar es trasladado consciente y premeditadamente a una cárcel en la cual no hay colectivos de presos políticos que puedan brindarle la solidaridad que necesita. Por el contrario, sólo hay paramilitares(...) Oscar no puede valerse por sí mismo. Es puesto en una situación de total indefensión" [Ibíd.]. El estado busca aplastarlo como ser humano, porque remitir a un preso político y de guerra sin brazos y ciego a una cárcel llena de paramilitares es de las peores crueldades concebibles. Se evidencia una omisión preconcebida que le ha generado ceguera y un ensañamiento criminal al situarlo en una tortura permanente que atenta contra su vida.
7. Negación de asistencia médica constituye "atentado contra la vida"
 
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El CSPP denuncia en mayo 2012 que "Los presos políticos con cáncer continúan sin recibir atención médica por parte del estado":
"Los presos políticos enfermos de cáncer Luis Alberto Jaimes García, Vicente Saúl Valcarcel Albarracín y Juan Emilio Calle Cabeza, recluidos en la cárcel de Palogordo; continúan sin recibir el tratamiento médico necesario y su condición se deteriora cada día (...) Luis Alberto Jaimes, diagnosticado con cáncer de colon ha empeorado a pesar que el Juzgado tuteló los derechos fundamentales a la salud, sin que hasta la fecha se haya iniciado las sesiones de quimioterapia ordenadas por la junta de oncología (...) A Vicente Albarracín, diagnosticado con cáncer de recto, le manifestaron que debía someterse al tratamiento de quimioterapia pero que CAPRECOM no contaba con el medicamento (...) Juan Emilio Calle de 33 años, fue diagnosticado con cáncer linfoma Hodcking, desde el año 2008. Pese a la gravedad de la enfermedad se encuentra sin recibir atención médica desde hace dos años (...) Desde enero 2012 su estado de salud recayó ostensiblemente (...) el oncólogo ordenó un tratamiento de quimioterapia, terminado este procedimiento se debía hacer un trasplante de médula ósea. Aún con esta orden médica, Juan Emilio no ha recibido el tratamiento, consecuencia de ello su estado de salud empeora, al punto que hoy pesa 54 kilos, permanece con fiebre alta, constante dolor de cabeza y cuerpo, poco sueño y visón borrosa, entre otros síntomas.
La desatención en salud constituye un atentado contra la vida y la dignidad humana, además de erigirse como un tratamiento cruel e inhumano. El estado Colombiano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales en las cárceles. El desconocimiento de los mismos a los presos políticos, representa una violación tanto del derecho internacional de los DDHH, como del DIH. Cobra vigencia la necesidad de mantener los ojos en las cárceles colombianas"[31].
8. ¿Cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas ?
La incidencia de cáncer en las cárceles colombianas es extrañamente alta. El CSPP alerta:
"Han muerto ya varios presos políticos y sociales como consecuencia de cáncer, lográndose detectar en los mismos una inadecuada asistencia médica. Esta grave problemática ha sido denunciada de forma reiterada por los colectivos de presos políticos y organizaciones de derechos humanos, sin que las autoridades hayan realizado las investigaciones que permitan establecer cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer y las actuaciones disciplinarias por negligencia médica [o negación]. La situación transgrede las normas del derecho humanitario. Hacemos un llamado urgente para que las organizaciones solidarias de Colombia y el Mundo, exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de tortura y a la vez tratamiento inhumano y degradante al interior de las cárceles, procediendo a: 1. Atender oportunamente los casos de salud de todos los presos políticos y sociales de Colombia; 2. Adelantar investigaciones penales y disciplinarias serias, contra los altos funcionarios del Estado que por acción u omisión son responsables de estos graves hechos; 3. Indagar las causas que están provocando los reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas, a efectos de prevenir la ocurrencia nuevos hechos" [32].

9. Arroz con combustible, vidrios o materia fecal en la comida, y alimentos descompuestos vulneran gravemente la salud
Las reiteradas denuncias por intoxicación alimentaria en diversos penales dan cuenta del carácter continuo de este atentado contra la salud y la vida. "Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG" [33]. El 16 de abril 2012 el CSPP denuncia: "Nueva intoxicación masiva en Palogordo", alertan los presos políticos:
"Los productos cárnicos han presentado avanzado estado de descomposición, jugos agrios; esto ha aumentado el número de presos intoxicados. Se suma además el hecho sucedido el 11 de abril cuando al almuerzo se nos suministró un arroz con sabor y olor a combustible (A.C.P.M.). El 14 de abril 2012 a raíz de un jugo, se presenta una intoxicación general de presos, tocándonos hacer del cuerpo en las áreas de ducha porque el número de sanitarios (4) no dan abasto. Existe un temor latente para consumir los alimentos, pues volveríamos a recaer en otra intoxicación. Mientras estas cosas suceden en las cárceles, el señor Ricaurte - Director del INPEC- hace declaraciones en las que anuncia al país que a tres presos de clase alta se les asignó cocinero personal y ‘lo que más les gusta es la mazamorra chiquita'. Los oligarcas ladrones de cuello blanco gozan de estos privilegios" [34].
Los presos emprenden masivas huelgas de hambre contra el envenenamiento:
"Los presos políticos y prisioneros de guerra confinados en Palo Gordo Girón Santander, denunciamos que a partir del día 23 de abril 2012, nos hemos declarado en huelga de hambre indefinida por la pésima atención de la empresa prestadora del servicio de alimentación(...) Esta empresa viene reiteradamente incumpliendo en la calidad y cantidad de los alimentos(...) Nos suministra alimentos en estado de descomposición no aptos para el consumo humano. Ocasionándonos serios problemas de salud como son intoxicaciones masivas, diarreas, y demás problemas digestivos que a la vez nos han dejado otros problemas de salud tales como ulceraciones e irritación del colon, un 40% de la población reclusa padece de esta enfermedad" [35].
Las ulceraciones e irritaciones del colon son factores de riesgo para el cáncer.La Campaña Traspasa los Muros alerta: "Preocupan gravemente las múltiples denuncias por problemas de salud relacionados con posibles cánceres de estomago o demás partes del aparato digestivo de los prisioneros, que en algunos casos ha ocasionado la muerte, como sucedió con el prisionero político José Albeiro Manjarres, quien murió luego de que se le descubriera de forma tardía un cáncer terminal de estómago. Que se conforme una comisión (...) con el objeto de verificar los motivos por los cuales en la Penitenciaria de Palogordo se presentan múltiples casos de enfermedades cancerosas que afectan el aparato digestivo"[36].
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Convertir la comida en un arma contra los presos es una tortura recurrente: el 26 de junio 2012, 20 presos deciden amarrarse a una altura de 20 metros del suelo en la cárcel de Valledupar, denuncian: "Un día el INPEC nos da vidrio en las comidas, como el 28 de mayo, que dejó a 5 presos heridos incluyendo a Javier Moscote, quien fue hospitalizado por heridas ocasionadas al interior de su cuerpo por los vidrios injeridos, y otro día no nos da comida"[37]. El CSPP denuncia: "el suministro de agua se efectúa sólo dos veces al día por lapsos inferiores a 20 minutos (...) los reclusos deben recoger el agua en recipientes y transportarla, hay celdas en el quinto piso. Esto genera enfrentamientos (...) a diario aproximadamente 60 detenidos de cada torre se quedan sin agua, lo que constituye condiciones de vida cruel y degradante" [Ibíd.].

10. Suicidios
 
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La cantidad de suicidios debido a las torturas es alarmante. Leandro Salcedo se suicidó tras meses de tortura: "El régimen de crueldad y Tortura al que están sometidos los reclusos, especialmente en la UTE (calabozos), los lleva a atentar contra su propia vida, como Leandro" [38]. Jorge Russo fue empujado al suicidio al negarle los medicamentos que le eran necesarios, además de torturarlo reteniendo las encomiendas de su familia, y otras crueldades; cuando se subió a las estructuras carcelarias: "uno de los guardias le lanzó una pipeta de gas desde la terraza, también le lanzaban piedras y una lo golpeó fuertemente en la cabeza" [39].
El traslado geográfico y alejamiento familiar es utilizado como forma de tortura y vulnera los derechos de los presos y de sus familiares, ocasionando cuadros dramáticos, como los suicidios: tal fue el caso, aparentemente, de Luis Carlos Arroyave [40], que apareció colgado en una de las áreas de vigilancia de la guardia; o de Jhon Jairo Garrido Barrios, encontrado sin vida el 1 de septiembre 2011 en la Penitenciaria de Valledupar: la tortura a la que el INPEC lo sometió, negándole -pese a órdenes judiciales- el acercamiento a su núcleo familiar, lo empujó al suicidio. Manifiestan los prisioneros que no pudo soportar más la tortura de estar lejos de su familia, situación que consideraba como "muerte en vida"[41]. En enero 2012, se ahorca Frank Camilo Amado, bajo "una política sistemática de represión y violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas físicas y psicológicas, humillaciones y tratos degradantes, fuertes palizas, choques o descargas eléctricas, gases en la cara(...) Alguien debería indagar sobre las causas de que en menos de 6 meses ya existan 5 muertos", denuncian los presos políticos de Girón en junio 2012 [42].

11. Palizas aunadas a negación de asistencia médica
 
 
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Por palizas son asesinados los presos, como ocurrió con Ricardo Contreras -uno de los casos conocidos-: molido a palos por la guardia y privado de asistencia médica. Los presos desesperados entablan huelgas de hambre con la esperanza de hacer cesar la tortura, algunos hasta se cosen la boca; pero las torturas y la negación de asistencia médica siguen siendo un mecanismo de agresión contra la vida de los presos. Jhon Leyner Delgado fue: "sometido a aislamiento por negarse a firmar un documento donde se auto-culpara (...) Al negarse a firmar, la golpiza propinada por la guardia le provocó múltiples heridas. No ha sido atendido. Por haber sido sometido a tortura, ha iniciado una huelga de hambre. Con el fin de exigir respeto a sus derechos fundamentales y al derecho a la salud en particular", denuncia el CSPP [43]. El 11 de julio 2012 muere Jair Benavidez Suárez "luego de tres meses de aislamiento prolongado y fuertes golpizas del INPEC" [44].

12. Denuncias contra el INPEC y el Estado quedan en la impunidad
 
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El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: "La Defensoría del Pueblo presentó el 14 de octubre (2011) una denuncia penal en contra del General Ricaurte, director del Inpec, por presuntos actos de tortura. La tortura en cárceles sigue siendo una práctica sistemática, que permanece en total impunidad. Tal como lo indica la Coalición Colombiana Contra la Tortura, en su Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, (...) entre el año 2010 y lo que va del 2011, la Defensoría del Pueblo del Cesar reportó tan sólo en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec, de las cuales, 46 quejas son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y degradantes" [45].
 
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Ampliar la solidaridad y denunciar internacionalmente es un imperativo humanitario. Las denuncias que logran salir de las cárceles colombianas quedan en la impunidad, y no son sino la punta del iceberg: "Ningún documento escrito entra ni sale de las cárceles sin la censura previa" [46]. La impunidad ampara a los torturadores, mientras que un comportamiento respetuoso de los DDHH es castigado: cuando hay jueces que se niegan a avalar los montajes judiciales del estado, éstos sufren asesinato o encarcelamiento político, como el Juez Oscar Hurtado, detenido por negarse a legalizar capturas masivas y detenciones arbitrarias [47].
Las madres de presos caminaron desnudas en mayo 2012: "En contra de la tortura, la falta de agua, la no garantía del derecho a la salud, el traslado de los internos a centros penitenciarios alejados de sus familias (...) Los familiares sentimos como propios los sufrimientos que padecen nuestros seres queridos en los centros de tortura llamados cárceles (...) El sistema jurídico colombiano entrega sin ningún reparo a sus nacionales en extradición(...) Nos desnudamos para ser escuchadas."[48]
13. Alejamiento familiar para impedir denuncias y desarticular procesos organizativos
 
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No obstante su situación de vulnerabilidad extrema, los presos políticos siguen trabajando en procesos organizativos de defensa de los derechos humanos. El preso político Jairo Fuentes denuncia: "En las cárceles el derecho de expresión es reprimido con medidas como el alejamiento familiar (...) quienes estamos denunciando esta realidad oprobiosa somos trasladados a cárceles de máxima seguridad, lejos de nuestras familias" [49]. La Campaña Traspasa los Muros denuncia esta forma de tortura: "Uso de traslado y aislamiento como forma de desarticulación organizativa (...) no se tiene en cuenta que la ubicación del proceso judicial esté en el mismo sitio donde la persona está recluida. Este hecho se da en el caso de las y los prisioneros políticos, por la gran cantidad de traslados que sufren en aras de impedir que estos creen grupos de trabajo dentro de los centros de reclusión y también como retaliaciones de sus acciones de denuncia y desobediencia. Esta situación provoca una forma adicional de pena que es el hecho de estar alejado del núcleo familiar"[50].
En Junio 2012 denuncian que corre peligro la vida del defensor de DDHH, preso político y de guerra Marbel Zamora trasladado aunque: "una tutela le concedió el derecho a la unidad familiar(...) destacado por su valioso trabajo en el Movimiento Nacional Carcelario, que reivindica la rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros, el traslado de los presos a sus sitios de origen familiar y procesal, no a la extradición(...) Destacado en la resistencia frente a las reiteradas violaciones de DDHH por parte del INPEC. Su traslado a la cárcel de Valledupar pone en grave riesgo su vida(...) dicha cárcel se ha caracterizado por su permanente tortura"[51].

14. Inmersión en patios paramilitares pone en riesgo la vida de los presos políticos
 
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El DIH preconiza la Clasificación de internos, pero: "los prisioneros políticos no son separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo, convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante su vida"[52],denuncia la campaña Traspasa los Muros. Los traslados a patios con notoria mayoría paramilitar se usan como método de tortura contra los presos políticos. En julio 2012 denuncian: "Los atropellos a la seguridad y la vida de que fueron víctimas los presos políticos José Darío Arévalo Quintero, Wilson Enrique Leva, José Antonio Mendoza, Álvaro Padilla Tarazón (...) ordenando su traslado a otros patios(...) Solicitamos que sean reubicados urgentemente donde nos encontramos la mayoría de los presos políticos." Arévalo Quintero expresa: "Temo por mi integridad física y por mi vida, me encuentro entre internos procesados por paramilitarismo e integrantes de la fuerza pública"[53]. En el marco de la huelga nacional de hambre de marzo 2012: "el Prisionero Político Leonardo Chaux Hernández se declaró en huelga de hambre para denunciar que era el único prisionero político en el patio 1B de La Dorada, y en exigencia de la visita humanitaria de la Comisión Internacional de DDHH"[54], impedida por el estado colombiano.
El preso político de guerra Diomedes Meneses, víctima de tortura e intento de homicidio por miembros del Gaula (ejército), aún impunes, fue puesto en un patio con miembros del Gaula:
 
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"Caí tras el disparo... luego me propinaron otro disparo en el abdomen (a quemarropa). Luego me lanzaron una granada que me levantó 2 metros del suelo. Después viendo que todavía estaba vivo me agarraron a patadas y culatazos, me partieron esta pierna. Cuando la granada detonó me reventó por dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros, pero a ellos no les importó, me siguieron golpeando(...) El Cabo Salazar sacó un puñal y me chuzó todos los dedos. Luego me sacaron todas las uñas de los dedos de los pies (...) Me pinchó el ojo izquierdo, lo perdí. Me degolló (...) Estoy condenado a 22 años de cárcel por ‘rebelión' y ‘tentativa de homicidio' pero no sé de qué tentativa se trata porque yo no les disparé, ni llegué a usar el arma(...) Y están los 15 nombres de los que me torturaron a mi, miembros activos del Gaula, entonces ¿por qué no han hecho justicia?(...) En esta cárcel han tomado represalia política(...) Nos dieron a ‘escoger' a los presos políticos entre los calabozos y el patio paramilitar(...) Me roban, me hacen caer de la hamaca, me golpean... Saben mis limitaciones físicas y que soy un preso político, y aquí hay ejército, Gaula, paramilitares"[55].
15. Tortura contra presas políticas, chantaje con los hijos
 
 
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Las presas políticas denuncian también torturas físicas, sicológicas, y conexas a la negación de asistencia médica y la insalubridad. Hay casos en que las torturas las vulneran de manera definitiva, como el de Marisela Uribe García, detenida con más de 5 meses de embarazo de gemelos, que perdió sus bebés por tortura [56]. Marisela fue denunciante de la mayor fosa común del continente, hallada en Colombia con 2000 cadáveres de desaparecidos a manos del ejército: situada detrás del Batallón militar de la Fuerza Omega[57].
A las presas políticas se les reducen las visitas de los hijos, obligando a estos a sufrir situaciones dramáticas. Denuncian el chantaje como forma de tortura que utiliza el INPEC, implicando a sus hijos. Las visitas o la reducción de pena son impedidas como retaliación contra la organización política. Los niños están expuestos a ser entregados a orfanatos, si no les queda un familiar que los acoja. A las madres cabeza de hogar se les violan sus derechos a detención domiciliaria, como en el caso de Liliany Obando, socióloga que pasó casi 4 años presa sin pruebas, durante los cuales le fueron negados sus derechos constitucionales como madre cabeza de familia [58]. Liliany expresa:
 
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"El terrorismo de estado que opera en Colombia o bien desaparece a su opositor político, o lo asesina, o lo encarcela (...) Un 90% de las mujeres privadas de la libertad somos madres, la mayoría madres cabeza de familia. Es muy grave que una justicia vengativa ponga en la cárcel a las mujeres madres, porque penaliza a los hijos. Estas niñas y niños van a quedar gravemente dañados por la experiencia de tener a sus madres en prisión (...) Muchos de ellos si no tienen un familiar que los cuide crecen en la institución del estado, que es prácticamente otra cárcel, donde van a estar recluidos, y podrán solamente visitar a sus madres una vez al mes, por unas pocas horas. Algunas mujeres llegan a la cárcel en estado de gestación. Hasta la edad de 3 años pueden tener a sus hijos (en algunas cárceles). Hay estudios que demuestran que estos niños que han crecido en prisión sicológicamente tienen muchos problemas... pero es la única opción para quien no tiene con quien dejar a sus hijos (...) Estas condiciones son violatorias de los derechos de los niños" [59].
Las presas políticas sufren agresiones reiteradas, obligadas a convivir con paramilitares:"exponiéndonos, y a nuestros visitantes, en nuestra seguridad. Exigimos que se de cumplimiento a las leyes internacionales de clasificación de internas por hecho punible y se nos separe de las detenidas de ‘Justicia y Paz', paramilitares(...)"[60]. También alertan:"No hay diagnósticos sobre enfermedades crónicas o terminales, no se atienden los tratamientos post-quirúrgicos o no se suministran los medicamentos. Situaciones tan graves como las que denunciaron las prisioneras políticas del ERON Cúcuta: ‘hay varias internas con ordenes de cirugías con 10 a 12 meses de anticipación y no han sido atendidas'" [61].

16. Tratos degradantes y humillaciones de índole sexual
Las torturas y vejaciones reseñadas en este informe son apenas una ínfima parte de la realidad, son la parte visible. Noticias Uno reportó la denuncia de violaciones sexuales por parte de guardianes: "Una reclusa fue abusada por los guardianes de la cárcel de Valledupar. Según denunció los guardianes estarían abusando de otras reclusas. El INPEC ordenó una investigación, pero no la trasladó a ella, de tal manera que sigue custodiada por los guardias denunciados.‘Vienen a sacar a las mujeres y a tener relaciones sexuales, es un abuso de autoridad'. Cuatro uniformados son investigados por inducir a las detenidas a prostituirse. ‘Yo dije que era violación(...) después de eso siguió el acoso, la burla y después denuncié otro intendente que se metió al cuarto porque según él ya lo había hecho con otro guardián'" [62].
 
 
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Los familiares visitantes sufren "abusivos manoseos en sus partes intimas"[63], asimismo los presos políticos denuncian:"debemos soportar todo tipo de humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes; sometidos a vejámenes como ser requisados totalmente desnudos y obligados a realizar genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes (...)Ese tipo de requisas, son proscritas por la Corte Constitucional(...)" [64], pero la impunidad ampara la continuidad de la tortura.
17. La tortura en Colombia: una lógica de estado
 
 
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La tortura se inscribe en una lógica de estado, de dominación mediante el miedo; no se trata de casos aislados: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de presos políticos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares. El tema de la tortura implicando a familiares de presos políticos será desarrollado en la parte VI de este dossier. Ante la impunidad que prolonga la tortura, ante los sufrimientos indecibles, ante los homicidios de presos, se hace urgente la solidaridad internacional. La exigencia del cese de la tortura y la exigencia de la libertad para los miles de presos políticos son pasos imprescindibles hacia una verdadera paz con justicia social. La importancia de visibilizar estos crímenes de estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como mecanismo de terror contra la reivindicación social. Estos mecanismos represivos son la matriz la guerra, su finalidad es perpetuar el creciente despojo de las riquezas de Colombia y la concentración de capital en pocas manos, en desmedro de una población cada día más empobrecida.
 



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Para la libertad
Voces que atraviesan los muros y las rejas
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Por qué

Porque la prisión murada nació con el capitalismo para control y disciplinamiento de los sectores sociales oprimidos.
Porque la cárcel es un depósito de seres condenados al aniquilamiento de su condición humana.
Porque los hombres y mujeres que la padecen, invariablemente, habitan el territorio de la pobreza y la rebeldía.
Porque no podemos derribar los muros y las rejas, pero sí atravesarlos con las voces de tantas compañeras, de tantos compañeros, quienes se hallan sentenciados al silencio y al olvido.
Porque de este modo podemos compartir con nuestros lectores, sus denuncias, sus tristezas y sus sueños, es que la Agencia Rodolfo Walsh promueve este sitio de expresión.
Porque las razones que nos impulsan, en conjunto, provienen del mismo dolor y de la misma terquedad en emprender el vuelo hacia un horizonte de justicia y libertad