Elegidos como rehenes
para ejemplificar contra la protesta
ATENCIÓN!! Los cobijadores de los criminales de lesa humanidad continúan con su persecusión de claro contenido fascista. Y tal como los fascistas "eligen" rehenes para "ejemplificar" contra las protestas. El Ministro Bonomi que tiene la desverguenza de decirse dirigente del MLN (Tupamaros), es decir del sello que mantienen "registrado" no vaya a ser que la aplastante mayoría de sus ex-integrantes le den vida, por mínima decencia debería renunciar ya que han sido sus huestes de los grupos de choque policiales los que han provocado y reventado una demostración solidaria pacífica en reconocimiento de la Jueza Mota echada por los esbirros de la SCJ por PEDIDO DEL PRESIDENTE MUJICA (a no olvidarlo!) el supuesto "campeón" de la diversidad que ha tenido el rostro de piedra de predicar lo que contradice en la práctica, tan luego ante el Moncada, en Cuba. Este atropello fascista en marcha NO DEBERÁ PASAR IMPUNE, solidaridad militante con los "elegidos" al estilo Bush, al estilo Guantánamo. El movimiento popular aunque más no sea por instinto de sobrevivencia debe quebrarle la mano al fascismo represivo del falso "progresismo" aliado con la derecha revanchista, y... con los "viejitos" de Mujica (los militares criminales de lesa humanidad) que son los que manejan los hilos. Haga de su asco un inspirador de la protesta y la solidaridad.
Colectivo Noticias Uruguayas
Pablo Meléndrez
El traslado de la jueza Mariana Mota de una
sede penal a una civil generó malestar en organizaciones sociales y
grupos de izquierda, ya que la magistrada -que tenía a su cargo la mitad
de los casos por violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura- tuvo varios choques con las defensas de los militares debido a
sus interpretaciones jurídicas.
Mota debía prestar juramento ante los ministros de la
SCJ como nueva jueza civil en el mediodía del viernes 15 de febrero. El
acto protocolar era de carácter público, por lo que unas 300 personas se
hicieron presentes en la sede de la Corporación para transmitirle su
apoyo a la jueza.
Espera.
Sin embargo, los manifestantes ingresaron en gran
número al edificio que alberga el principal órgano del Poder Judicial
con cánticos y gritos en rechazo del traslado de la magistrada.
"Queremos que se suspenda el acto", dijo el histórico líder tupamaro
Jorge Zabalza, presente en la movilización.
La ocupación de la sede de la SCJ motivó que el
juramento de Mota en su nuevo cargo se retrasara casi tres horas, ya que
recién se pudo cumplir con la instancia formal cuando los manifestantes
abandonaron el edificio, luego de gestiones que realizó en persona el
entonces jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández.
Los ministros de la SCJ, molestos por la situación,
radicaron una denuncia policial y otra penal para que se investigue a
los implicados en la ocupación, que podría haber configurado el delito
de asonada.
Entre las personas que tuvieron que declarar ante la
Policía se encuentran Zabalza, el dirigente de Adeom Aníbal Varela, la
integrante de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites y activista y
expreso político Álvaro Jaume.
Tras analizar el contenido de las declaraciones
policiales, la jueza Merialdo, a pedido del fiscal Zubía, citó en
calidad de indagados al juzgado a unas 12 personas. Los interrogatorios
comenzarán el próximo lunes y se extenderán durante toda la semana,
dijeron fuentes judiciales a El País.
A nivel judicial, el caso recayó en la jueza Gabriela
Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía, que por entonces se encontraban de
turno. En abril, por orden de la magistrada, la Jefatura de Policía de
Montevideo citó a declarar a varios de los implicados en el incidente.
Luego de las declaraciones de la próxima semana, la
jueza Merialdo y el fiscal Zubía tendrá que decidir si los implicados
incurrieron en delito.
Además de los testimonios de los indagados, la
magistrada y el representante del Ministerio Público analizarán los
registros fílmicos de los incidentes, que fueron aportados a la causa
por los canales de televisión que ese día estaban presentes en la sede
de la SCJ.
Por otra parte, el juez Roberto Timbal y el fiscal
Gilberto Rodríguez aún esperan realizar las primeras citaciones en el
marco de la indagatoria abierta en torno a los incidentes de la noche
martes 4 de junio y la madrugada del miércoles 5 tras los festejos de la
hinchada de Peñarol por la obtención del Campeonato Uruguayo donde se
registraron daños en el Centro de Montevideo.
Por orden del juez Timbal, la Policía pidió la
realización de fotografías a los videos de los incidentes, en base a los
cuales se intentará individualizar a los responsables. Una vez que esa
medida se cumpla, el juzgado librará las primeras citaciones a los
implicados.
En los disturbios registrados tras los festejos de
Peñarol hubo importantes daños en comercios y vehículos del Centro de
Montevideo. En especial tuvo lugar un ataque contra el Palacio de los
Tribunales, ubicado frente de la sede de la SCJ, donde se destrozaron
los vidrios. El costo de las reparaciones fue valuado en $ 600 mil,
según informó en su momento el Poder Judicial.
Mantuvo traslado
La jueza Mariana Mota presentó un recurso
administrativo ante la SCJ contra su traslado de una sede penal a una
civil. La magistrada alegó la inconveniencia de la medida, tomando en
cuenta que ella se capacitó especialmente en la materia penal. Pero la
Corporación, en una resolución de fines de junio, confirmó su decisión
en base que los jueces deben rotar de materia sin que eso implique una
sanción ni una baja de salario.
De acuerdo a lo que establece el matutino basado en fuentes policiales, los indagados niegan haber ocupado la sede. Dicen que simplemente participaron de un acto público en rechazo a lo sucedido con Mota.
La figura legal a la que enfrentarían por lo sucedido, sería desacato, ya que el que era en aquel entonces subjefe de Policía, Diego Fernández, pidió que se retiraran a los ocupantes y estos se negaron.
La concentración realizada en febrero reunió a más de 300 personas que protestaron durante el acto de traspaso de la jueza Mariana Mota de lo penal a lo civil. Mota llevaba adelante más de 50 casos de presuntos crímenes cometidos durante la dictadura.
Varios meses después de descripto anteriormente, la Suprema Corte fue atacada en el medio de los festejos de Peñarol, en la madrugada del miércoles 5 de junio. Algunas autoridades lo apuntaron como algo aislado, mientras que otros, como el jefe de Inteligencia, Julio Guarteche, que dijo que fue algo planificado por un grupo radical.
El juez Roberto Timbal y el fiscal Gilberto Rodríguez se encuentran esperando que se identifique por parte de la Policía a los que participaron del hecho.
Los 140 policías y los 89 transeúntes que fueron detenidos y luego liberados serán citados por el juez.
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