Jueza Tórtora procesó a ocho funcionarios de INAU por abuso contra detenidos
16.10.14, de DICOMI-SCJ.- Ocho
funcionarios de INAU fueron procesados por reiterados delitos de abuso
de autoridad contra los detenidos, decretándose la prisión preventiva
del subdirector del Hogar SER, prisión domiciliaria por 90 días para
otros dos (entre ellos la ex directora del mismo centro) y concurrencia a
la Oficina de Seguimiento y Libertad Asistida (OSLA) para los
restantes.
La Jueza Letrada de Primera Instancia de Pando de 1º Turno, Dra. Isaura Tórtora, entendió que "los
elementos de juicio obrantes en infolios habilitan a iniciar proceso
penal ya que existen hechos con apariencia delictiva y personas por
ahora y sin perjuicio de las resultancias del presente procedimiento" resultan "sospechosos de ser responsables de los mismos".
La resolución señala, además, que el subdirector del Hogar Ser del Centro de Internación Colonia Dr. Roberto Berro "ejercía actos arbitrarios y sometía a rigores no permitidos por el reglamento a los adolescentes internados en dicha dependencia".
Entre la prueba recabada se menciona "una filmación y la trascripción del audio respectiva certificada por Oficina Actuaria en la que se aprecia una golpiza propinada por el indagado al adolescente D. N. D. S. R. quien por aquel entonces se encontraba internado en el Hogar Ser".
Se expresa, además, que "los indagados no admiten su participación en los hechos mencionados brindando una versión exculpatoria inverosímil a la luz de las probanzas obrantes en autos".
La resolución señala, además, que el subdirector del Hogar Ser del Centro de Internación Colonia Dr. Roberto Berro "ejercía actos arbitrarios y sometía a rigores no permitidos por el reglamento a los adolescentes internados en dicha dependencia".
Entre la prueba recabada se menciona "una filmación y la trascripción del audio respectiva certificada por Oficina Actuaria en la que se aprecia una golpiza propinada por el indagado al adolescente D. N. D. S. R. quien por aquel entonces se encontraba internado en el Hogar Ser".
Se expresa, además, que "los indagados no admiten su participación en los hechos mencionados brindando una versión exculpatoria inverosímil a la luz de las probanzas obrantes en autos".
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16 oct 2014
"Es un paso adelante porque confirma que los
adolescentes y sus madres que denunciaron las torturas tenían razón.
Hubo gente del propio INAU que negó los hechos", dijo a El País Luis
Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño.
Ayer, la jueza penal de Pando, Isaura Tórtora, procesó a
dos exdirectores del INAU y seis funcionarios por el maltrato a menores
internados. Uno de ellos fue procesado con prisión mientras que el
resto deberá cumplir penas alternativas.
"Existen elementos de convicción suficientes para
juzgar a prima facie y sin perjuicio de las resultancias del proceso,
que los ocho acusados incurrieron en la presunta comisión de reiterados
delitos de abuso de autoridades contra los detenidos", afirma el fallo
judicial.
En el caso del funcionario procesado con prisión fue
clave como prueba un video de unos dos minutos en el que aparece dándole
una brutal golpiza a un menor.
La mayoría de los ayer procesados también aparecen
acusados en al menos media docena de denuncias por torturas presentadas
por familiares de los menores.
A lo largo de todo el año las madres de menores
detenidos denunciaron frente al Parlamento y organizaciones vinculadas a
la defensa de los derechos humanos las situaciones de maltrato que
vivieron sus hijos en hogares del INAU.
Simultáneamente, la Institución de Derechos Humanos
dio a conocer un crítico informe sobre las condiciones de hacinamiento e
higiene que constató en varios centros, fundamentalmente en el Hogar
SER. Recientemente la relatora para los derechos humanos de la Corte
Interamericana calificó a ese centro de detención como "campo de
concentración".
A la Institución de Derechos Humanos se sumaron más
de treinta organizaciones sociales que históricamente han trabajado con
la izquierda. Denunciaron situaciones críticas en los hogares, golpizas y
torturas, y reclamaron la renuncia del director del Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente, Ruben Villaverde.
El 4 de mayo, en entrevista con El País, el
presidente del INAU, Javier Salsamendi, respaldó a Villaverde y sembró
dudas sobre el "contexto" en el que se sucedían las denuncias.
Consultado sobre el pedido de renuncia hecho por las
organizaciones sociales, Salsamendi respondió: "A mí me comentaron
personalmente integrantes de esas organizaciones que no miden costos
políticos, que no hacen ese análisis… está bien… es la forma que
entienden que deben actuar. Nosotros creemos que siempre se deben tener
en cuenta los contextos existentes".
Los cuestionamientos hacia la gestión en el Sirpa
cayeron en medio de la campaña por el plebiscito que plantea bajar la
edad de imputabilidad penal y al que la izquierda se opone basando su
argumento, fundamentalmente, en el derecho de los menores.
La abogada del menor víctima de los maltratos,
Verónica Carneiro (también patrocina otras causas de similar índole),
dijo a El País que resulta "paradójico" que "se apele a los derechos de
los menores cuando se habla del plebiscito y no se tenga tanto celo por
su cuidado cuando éstos se encuentran internados y privados de su
libertad" a merced de maltratos.
Pedernera, en tanto, dijo que "este procesamiento es
un paso importante porque constata que las denuncias son fiables. Se ha
puesto en duda la palabra de las madres y los menores y eso ha dolido
mucho. Es una buena señal, se empieza a quebrar la impunidad y esa
sensación de que estas cosas pueden ocurrir sin que haya consecuencias
para nadie. Es bueno que el sistema judicial quiebre este tipo de
prácticas", indicó. Y agregó: "esto también deja una enseñanza para las
autoridades que en vez de negar los hechos deben actuar inmediatamente
para preservar a los denunciantes".
Las autoridades del INAU han sido cuestionadas por
su pasividad frente a las denuncias y la ausencia de medidas internas
dado que si bien en muchos casos se procede al traslado de los
implicados, luego terminan encontrándose con los propios denunciantes.
Golpes, mentiras y un video; el denunciante terminó despedido
La Justicia imputó el delito de "abuso de autoridad" contra los detenidos a ocho funcionarios. Uno de ellos, de 37 años e iniciales C.M.M.M., fue sub director del Hogar SER. Es el único procesado con prisión porque se comprobó, gracias a un video aportado como prueba por otro funcionario, su participación en una golpiza a un menor. La Justicia determinó que "ejercía actos arbitrarios y sometía a rigores no permitidos por el reglamento a los adolescentes internados".
También fue procesada aunque sin prisión la
exdirectora del Hogar SER, de iniciales Y.C.B.F. porque "estaba en
conocimiento de todos los hechos denunciados".
La jueza determinó que las golpizas "eran llevadas a
cabo de forma reiterada dentro del Hogar SER con la participación y el
conocimiento" del resto de los funcionarios que fue procesado, quienes
se desempeñaban como coordinadores de turno y educadores.
"Los indagados no admiten su participación en los
hechos mencionados brindando una versión exculpatoria inverosímil a la
luz de las probanzas obrantes en autos", sostuvo la jueza.
En agosto, el funcionario denunciante, José
Márquez, explicó a El País que cuando sus compañeros supieron que había
denunciado lo arrinconaron en un patio. "Me quisieron prepotear. Pero yo
no soy un gurí y los enfrenté", dijo. "No sólo pegaban a los gurises,
sino que también nos amenazaban para que no los denunciáramos", expresó.
Poco después de la denuncia fue trasladado al ex Regimiento N° 9 a
cuidar un predio vacío que carecía de luz y agua.
Y cuando la ratificó ante el juzgado recibió un llamado desde el SIRPA que le informó que estaba despedido.
Pero llega
Procesaron a ocho funcionarios de la Colonia Berro por “abuso de autoridad” contra jóvenes recluidos.
La jueza de Pando, Isaura Tórtora, dispuso ayer el
procesamiento de ocho funcionarios del centro Ser de la Colonia Berro,
entre ellos dos ex directores, por la “comisión de reiterados delitos de
abuso de autoridad” contra los jóvenes detenidos en ese centro. Una de
las pruebas claves en el proceso fue la filmación de un ex funcionario,
José Márquez, de una golpiza propinada por otro funcionario a un joven
en una celda, en agosto de 2013.
El funcionario que golpeó al joven en la filmación fue procesado con prisión porque, según consta en el fallo, “ejercía actos arbitrarios y sometía a rigores no permitidos por el reglamento a los adolescentes”. La jueza advierte que ese tipo de actos “eran llevados a cabo en forma reiterada dentro del Hogar Ser con la participación y el conocimiento” del resto de los procesados.
Para los demás funcionarios se dispuso el procesamiento sin prisión. No obstante, la ex directora del centro Ser, Jessica Barrios, y otro funcionario deberán cumplir prisión domiciliaria durante 90 días, salvo en sus horarios de trabajo, y para el resto se dispuso tareas comunitarias fuera de sus horarios de trabajo. La jueza sostiene que Barrios, a quien las autoridades recomendaron tomar licencia en mayo de este año, estaba en “conocimiento” de las golpizas. “Los indagados no admiten su participación en los hechos mencionados, brindando una versión exculpatoria inverosímil”, señala Tórtora.
La jueza entendió que los funcionarios sometieron a los internos a “rigores no permitidos y prohibidos” por el artículo 26 de la Constitución, que establece que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar”. Sostiene que no resulta “acorde a derecho” la “vulneración del goce de los derechos inherentes a la dignidad humana de los jóvenes bajo ningún concepto” y que es “deseable” que la reinserción social de los adolescentes “se cumpla a ultranza para el bien de la sociedad toda”.
Actualmente, como consta en el fallo, “algunos de los funcionarios indagados fueron separados del cargo y sometidos a sumario administrativo con retención de sus medios sueldos, y otros, derivados a desempeñar funciones en otras dependencias del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU)”. El presidente del INAU, Javier Salsamendi, no pudo precisar cuántos de estos funcionarios están separados del cargo y cuántos siguen cumpliendo funciones, pero sí dijo a la diaria que quienes permanecen en su cargo no están en contacto con jóvenes, y a algunos “les hicieron tomar licencia”. En cuanto a los sumarios administrativos contra los procesados, Salsamendi manifestó que “la mayoría está en la etapa de ampliación sumarial: se le dio vista a la defensa, la defensa contesta y eventualmente solicita pruebas”. Explicó que el procesamiento determina el inicio de un sumario para aquellos funcionarios a los que no se les haya abierto uno, y si existe sumario, la decisión de la Justicia se agrega al proceso administrativo en curso.
Salsamendi opinó que la decisión de la Justicia es “la consecuencia obvia de las denuncias presentadas por el Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente]”, y por tanto “no resulta sorpresivo que existan procesamientos”. El ex funcionario Márquez sostiene que las autoridades del Sirpa se le “adelantaron” a presentar la denuncia, que se concretó en setiembre de 2013. Márquez dijo en mayo de este año a la diaria que el director del Sirpa, Ruben Villaverde, “se enteró de que yo iba a hacer la denuncia y se me adelantó, para quedar bien”.
El presidente de INAU destacó que “es la primera vez desde que existen denuncias en este país que se toman medidas en serio, que se envían a la Justicia Penal, que se separa a las personas de los cargos y se determinan modificaciones reales en el funcionamiento de los centros”. “Desde 2003 hay denuncias constantes sobre el sistema y es la primera vez que hay efectivos avances en orden a la protección de derechos”, valoró.
En tanto, el presidente del sindicato de INAU, Joselo López, aseguró que tras la decisión de la Justicia, el gremio “no va a patrocinar a estos funcionarios”, en referencia a que les quitará la asistencia jurídica que les garantizó desde el inicio del proceso. El abogado defensor fue hasta el momento el jurista del sindicato, Juan Raúl Williman.
Cuando surgió el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre el centro Ser, que hizo pública la situación, el sindicato de INAU cuestionó mediante un comunicado el informe. Opinó que hacía “un corte sesgado en el tiempo” y que ignoraba “nada más y nada menos que los antecedentes” de la situación, y finalmente le reclamaba “mayor seriedad”. López llegó incluso a sostener que existía una “campaña” contra el Sirpa.
Sin embargo, ayer manifestó que el sindicato no desacreditó las denuncias “en ningún momento”. “Si hubiéramos sabido de este tipo de situaciones, las hubiéramos denunciado nosotros”, aseguró.
Mirtha Guianze, referente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH, dijo a la diaria que la institución analizará hoy el fallo. Se limitó a comentar que “actuó la Justicia”. “Habíamos hecho denuncias en su momento, y [el fallo] responde a las situaciones que habíamos denunciado”, manifestó. Agregó que en los últimos meses “aparentemente se está cambiando el trato y la manera de encarar las cosas respecto a los adolescentes”.
El funcionario que golpeó al joven en la filmación fue procesado con prisión porque, según consta en el fallo, “ejercía actos arbitrarios y sometía a rigores no permitidos por el reglamento a los adolescentes”. La jueza advierte que ese tipo de actos “eran llevados a cabo en forma reiterada dentro del Hogar Ser con la participación y el conocimiento” del resto de los procesados.
Para los demás funcionarios se dispuso el procesamiento sin prisión. No obstante, la ex directora del centro Ser, Jessica Barrios, y otro funcionario deberán cumplir prisión domiciliaria durante 90 días, salvo en sus horarios de trabajo, y para el resto se dispuso tareas comunitarias fuera de sus horarios de trabajo. La jueza sostiene que Barrios, a quien las autoridades recomendaron tomar licencia en mayo de este año, estaba en “conocimiento” de las golpizas. “Los indagados no admiten su participación en los hechos mencionados, brindando una versión exculpatoria inverosímil”, señala Tórtora.
La jueza entendió que los funcionarios sometieron a los internos a “rigores no permitidos y prohibidos” por el artículo 26 de la Constitución, que establece que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar”. Sostiene que no resulta “acorde a derecho” la “vulneración del goce de los derechos inherentes a la dignidad humana de los jóvenes bajo ningún concepto” y que es “deseable” que la reinserción social de los adolescentes “se cumpla a ultranza para el bien de la sociedad toda”.
Actualmente, como consta en el fallo, “algunos de los funcionarios indagados fueron separados del cargo y sometidos a sumario administrativo con retención de sus medios sueldos, y otros, derivados a desempeñar funciones en otras dependencias del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU)”. El presidente del INAU, Javier Salsamendi, no pudo precisar cuántos de estos funcionarios están separados del cargo y cuántos siguen cumpliendo funciones, pero sí dijo a la diaria que quienes permanecen en su cargo no están en contacto con jóvenes, y a algunos “les hicieron tomar licencia”. En cuanto a los sumarios administrativos contra los procesados, Salsamendi manifestó que “la mayoría está en la etapa de ampliación sumarial: se le dio vista a la defensa, la defensa contesta y eventualmente solicita pruebas”. Explicó que el procesamiento determina el inicio de un sumario para aquellos funcionarios a los que no se les haya abierto uno, y si existe sumario, la decisión de la Justicia se agrega al proceso administrativo en curso.
Salsamendi opinó que la decisión de la Justicia es “la consecuencia obvia de las denuncias presentadas por el Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente]”, y por tanto “no resulta sorpresivo que existan procesamientos”. El ex funcionario Márquez sostiene que las autoridades del Sirpa se le “adelantaron” a presentar la denuncia, que se concretó en setiembre de 2013. Márquez dijo en mayo de este año a la diaria que el director del Sirpa, Ruben Villaverde, “se enteró de que yo iba a hacer la denuncia y se me adelantó, para quedar bien”.
El presidente de INAU destacó que “es la primera vez desde que existen denuncias en este país que se toman medidas en serio, que se envían a la Justicia Penal, que se separa a las personas de los cargos y se determinan modificaciones reales en el funcionamiento de los centros”. “Desde 2003 hay denuncias constantes sobre el sistema y es la primera vez que hay efectivos avances en orden a la protección de derechos”, valoró.
En tanto, el presidente del sindicato de INAU, Joselo López, aseguró que tras la decisión de la Justicia, el gremio “no va a patrocinar a estos funcionarios”, en referencia a que les quitará la asistencia jurídica que les garantizó desde el inicio del proceso. El abogado defensor fue hasta el momento el jurista del sindicato, Juan Raúl Williman.
Cuando surgió el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre el centro Ser, que hizo pública la situación, el sindicato de INAU cuestionó mediante un comunicado el informe. Opinó que hacía “un corte sesgado en el tiempo” y que ignoraba “nada más y nada menos que los antecedentes” de la situación, y finalmente le reclamaba “mayor seriedad”. López llegó incluso a sostener que existía una “campaña” contra el Sirpa.
Sin embargo, ayer manifestó que el sindicato no desacreditó las denuncias “en ningún momento”. “Si hubiéramos sabido de este tipo de situaciones, las hubiéramos denunciado nosotros”, aseguró.
Mirtha Guianze, referente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH, dijo a la diaria que la institución analizará hoy el fallo. Se limitó a comentar que “actuó la Justicia”. “Habíamos hecho denuncias en su momento, y [el fallo] responde a las situaciones que habíamos denunciado”, manifestó. Agregó que en los últimos meses “aparentemente se está cambiando el trato y la manera de encarar las cosas respecto a los adolescentes”.
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