23 junio 2016
Por fin, lentamente, la noción de que algo no funciona en las políticas sociales y educativas aplicadas en la última década se abre paso, incluso en el discurso de algunos de sus más fervientes partidarios.
Era hora, porque es un secreto a voces, algo que se sabe y se comenta en la calle y en los barrios desde hace mucho tiempo.
Algunos datos y hechos contundentes han roto las barreras y vuelto inocultable lo que se ha querido mantener escondido detrás de estadísticas poco confiables y discursos poco creíbles.
Repaso algunas de las señales visibles del problema: los actuales índices de criminalidad y de deserción educativa; la proliferación de ajustes de cuentas llamativamente violentos; el reciente “estallido” del Marconi; y, ahora, los datos del “Monitor Educativo 2015” sobre el primer ciclo de enseñanza secundaria.
Según esos datos (de los que me enteré por una publicación de la socióloga Adriana Marrero), la matrícula del primer ciclo de enseñanza secundaria ha disminuido desde el año 2011 en unos ocho mil alumnos. Los inscriptos en 2015 son 108.469, es decir ocho mil menos que en 2011, en que eran 116.583, e incluso cuatro mil menos que en 2008, cuando sumaban 112.748 alumnos.
En síntesis, en lugar de crecer y abarcar más población juvenil, el sistema de enseñanza se retrae, dejando a miles de chiquilines sin los niveles básicos de formación y, presumiblemente, en condiciones óptimas para ingresar a la categoría de “ni-ni”. Habrá que ver si algunas cifras de otros ámbitos de enseñanza moderan en algo esos volúmenes de deserción, pero todo hace pensar que la mayor parte de esos gurises quedan fuera del sistema de enseñanza, expuestos a las peores formas de la marginalidad material y cultural.
¿Qué es lo que anda mal?
Tengo la impresión de que es, ante todo, un problema ideológico. Los responsables de las políticas sociales de los últimos años, siguiendo recetas de técnicos y organismos internacionales que sólo conocen la pobreza como dato estadístico, se paran frente a los problemas de la población muy pobre y/o marginal con una especie de espíritu misionero. Habrá, no lo discuto, cierto grado de cálculo político, del tipo “si le damos esto y lo otro, el tipo nos va a votar para no perderlo”, pero sigo creyendo que mucha de la gente que decide y aplica las políticas sociales –conozco a unos cuantos- actúa de buena fe. Con una lógica bastante “costera”, realmente creen que la población sumergida desde hace años en la miseria piensa y actúa con la misma lógica que usarían ellos. Asumen que, si se los visita y se les presta oídos, si se les proporciona asistencia médica, ayuda económica y buenos consejos, se convertirán mágicamente en ciudadanos de clase media ansiosos de trabajo para ellos y educación para sus hijos.
Esa convicción ha llevado a que las políticas sociales estén dirigidas a los márgenes de la sociedad, a los casos más extremos de pobreza y exclusión. Eso no sería malo si, al focalizar la atención (y los recursos económicos) en los casos extremos, no se hubiera desatendido a los sistemas universales, es decir a las políticas orientadas a toda la población, o al menos a categorías completas de la población, como todos los habitantes en edad escolar o liceal.
La enseñanza es la reina de las políticas universales. En la medida en que comprende a todos los habitantes del país en el inicio de sus vidas, tiene la potencialidad de marcar de forma indeleble la manera en que la persona se inserta en la sociedad. Por lo tanto, los índices de deserción, el bajo nivel de resultados y las señales de deterioro del sistema son una pésima noticia y el anuncio de que, si no se hace algo, vendrán tiempos aun peores.
El trabajo, las políticas de trabajo, en especial las destinadas a los más jóvenes, son otras de las políticas sociales claves, también desatendidas, o destinadas preferentemente a quienes ya han incurrido en delito.
En la pasada edición de “Brecha”, la nota “Promesas incumplidas”, de la periodista Azul Cordo, da cuenta de la investigación dirigida por Sandra Leopold, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR, respecto a dos programas interinstitucionales de políticas sociales dirigidos por el MIDES. “Jóvenes en Red”, es un programa destinado a tratar a jóvenes de entre 14 y 24 años que están “desvinculados del sistema educativo y del mercado de trabajo”, para que conozcan y accedan a los programas de asistencia social disponibles. “Cercanías”es el otro programa, destinado a hacer que “30 mil hogares en situación crítica” accedan a las prestaciones que les corresponden de acuerdo a otros programas asistenciales previos. En pocas palabras, asistencia para aprender a asistirse.
Lo interesante de la nota es que tanto Leopold, como el sociólogo francés Denis Merklen, entrevistado a propósito del tema, parecen cuestionar la lógica asistencialista inspiradora de los programas. Merklen es explícito, dice que en políticas sociales no todo pasa por el ingreso y habla de la educación y el trabajo como aspectos complementarios. Afirma también que no se puede seguir pensando en el desempleo mirando a los desempleados, que es necesario ver que algo hay en la estructura del mercado de trabajo que produce el desempleo. No es una gran primicia: el mercado de trabajo, librado a las meras leyes de mercado, ha sido siempre un mecanismo de explotación y de exclusión. Las políticas de trabajo tienen un papel ahí, sólo que eso parece haber sido olvidado, salvo cuando se trata de asignar cuotas laborales a los casos más extremos de exclusión.
En definitiva, hay muchas señales de que la lógica asistencialista, la que olvida y abandona a las leyes del mercado a los sistemas que educan y dan trabajo al grueso de la población, para atender compasivamente con programas focalizados a quienes ya están excluidos, ha entrado en crisis. Es que esa lógica no advierte que de nada sirve querer atender los casos extremos si entre tanto se desmoronan los sistemas que deben evitar que los casos extremos se produzcan. Tampoco advierte que, sin sistemas universales fuertes, no hay lugar donde reinsertar a los excluidos
Ojalá eso significara concentrar la atención y los recursos en reorganizar el sistema de enseñanza e implementar políticas de trabajo, sabiendo que esas dos cosas implican romper en muchos casos las exigencias e imposiciones del mercado y de las políticas económicas dominantes.
La gran pregunta es: ¿Tenemos tiempo? ¿No será tarde ya?
Es difícil responder, porque escasean los datos confiables sobre los verdaderos niveles de pobreza y de marginalidad cultural.
Sería bueno que las reuniones interpartidarias sobre seguridad, convocadas por el Presidente a propuesta del senador Pablo Mieres, dejaran de mirar exclusivamente a la policía. Porque la verdadera seguridad no proviene de la policía sino de la integración social, de la enseñanza y del trabajo.
Se dirá que ahora no hay dinero para hacer lo que no se hizo cuando lo había. Pero muchas de las cosas que hay que hacer en la enseñanza y en políticas de trabajo no requieren dinero, sino creatividad y decisión.
No sé si estamos a tiempo de revertir la crisis social.
En cualquier caso, peor será seguir perdiendo años sin intentarlo.
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