miércoles, 16 de mayo de 2018

La tragedia de los trabajadores arroceros

descalzos en el agua, un avión les fumiga encima


10 mayo 2018
Por Miguel Angel Olivera Prietto


En la recta de Cunha, punta del departamento de Salto, por ruta 26, en el camino de Tacuarembó a Paysandú, la arrocera Santa Ana es otra más de la larga lista de empresas que sostienen un sistema de trabajo irregular con sus trabajadores, afectando su dignidad y sus derechos.
Imagine usted catorce trabajadores sin botas de goma, con los pies metidos en el agua, sin ropa de trabajo ni elementos de seguridad, y un avión que fumiga el arroz, pero también a ellos, porque muchas veces lo hace cuando están laborando. Son herbicidas, fungicidas e insecticidas, que los respiran. Así trabajan en ese lugar, acortándose la vida.

La zona donde está el plantío está lejos de la estancia, así que cuando la comida llega, está fría, entonces la grasa de chancho que usan está hecha un caldo grueso. Comen en forma precaria, a lo bestia.
No tienen baños adecuados, no les proveen de agua potable para beber, y encima los hacen trabajar horarios que exceden los regulares. No les pagan horas extras.
El dueño es un hombre brasileño que no le debe importar más que el arroz, pero los trabajadores reclamaron por sus derechos y denunciaron esta situación a la Unatra (sindicato de trabajadores rurales), y el caso llegó al Pit Cnt. Entonces se denunció al Ministerio de Trabajo en Tacuarembó.
En el Ministerio hubo una reunión el pasado 4 de mayo, y concurrieron el Secretario del Pit Cnt de Tacuarembó, Carlos Castillo, por la Unatra César Rodríguez y por los catorce trabajadores, Shubert Cabrera.

Por otra parte de la empresa concurrieron a la oficina local del Ministerio. el señor Flavio Luis Pradella Dotta, el propietario, asistido por el Dr. Andrés Guerrero.
Allí los trabajadores dejaron constancia en el acta sobre el incumplimiento de la normativa comprendida en el Decreto 321/009, por condiciones habitacionales de los trabajadores (seguridad e higiene); condiciones impropias de los dormitorios; entrega insuficiente de implementos de seguridad e higiene (ropa de trabajo y zapatos); alimentación insuficiente, agua no potable para el consumo de los trabajadores; baños en malas condiciones; comedores precarios; fumigaciones cuando el personal está trabajando; traslado de trabajadores dentro del establecimiento en camión.
Se acordó crear una comisión de trabajo bipartita para solucionar todos los aspectos señalados y estaba establecida para el día de hoy, 11 de mayo, a las 14 horas. En NAFITUR S.R.L, sito en ruta 26, recta de Cunha, Arrocera Santa Ana. También se fijó audiencia por horas extras impagas.
Sin embargo, al día siguiente de esa reunión, el propietario de la arrocera, Pradella Dotta, despidió a uno de los delegados sindicales, uno de sus catorce trabajadores, dejando en claro que la solución a los problemas de los trabajadores es improbable. Y todo esto por un sueldo de 15.000 pesos, que es lo que ganan.
Esto terminó entonces con la denuncia en la DINATRA (Ministerio de Trabajo) con oficinas en Montevideo, y se conocerá cómo seguirá esta situación.
A todo esto, el 9 de mayo pasado el PIT CNT de Tacuarembó hizo llegar a los medios el siguiente comunicado:

    “COMUNICADO – Situación de conflicto con la empresa NAFITUR S.A.
El Plenario Departamental del PT CNT denuncia y repudia los hechos acaecidos hace unos días con la empresa NAFITUR S.R.L, que cuenta con 14 trabajadores en el ramo del arroz.
Los trabajadores representados por UNATRA Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (PIT CNT) realizaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por malas condiciones laborales: incumplimiento del Decreto 321/009 en cuanto a las condiciones habitacionales, seguridad e higiene, insuficientes elementos de seguridad ropa de trabajo y zapatos, alimentación insuficiente, agua no potable para el consumo, baños en malas condiciones, comedores precarios y fumigaciones cuando el personal está trabajando. Además se reclamó el pago de horas extras realizadas y documentadas en planilla.
Se llegó a un acuerdo con la empresa el día 4 de mayo en la órbita del Ministerio de Trabajo, de mejora de las condiciones laborales, donde además se reconoció por parte de la empresa a los delegados sindicales, estableciéndose una próxima reunión de seguimiento de los temas en el establecimiento rural, sito en ruta 26, recta de Cunha, arrocera Santa Ana, a las 14 horas el próximo 4 de junio.
Pero antes de la ocurrencia de esta reunión y apenas llegados al establecimiento rural fue despedido uno de los delegados sindicales, hecho que supone la violación y desconocimiento del acuerdo realizado en el Ministerio de Trabajo, además de persecución sindical.
El Plenario departamental del PIT CNT repudia estos hechos, denuncia a estas empresas rurales que no reconocen los derechos laborales y no cumplen los acuerdos, y se mantiene en estado de alerta, respaldando a los trabajadores y llevando la instancia hasta sus últimas consecuencias. Tacuarembó 9 de mayo de 2018

En el portal del PIT CNT, la central sindical publica una nota a uno de los principales dirigentes de la Unión de Trabajadores Rurales.


Marcelo Amaya (Unatra): "Son temas escabrosos"


Los trabajadores de arroceros elevaron un planteo a la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitando un control permanente y estudios sanguíneos para detectar posibles rastros de agrotóxicos. De acuerdo a informaciones públicas, autoridades sanitarias en respuesta a denuncias anteriores, habrían constatado distintas irregularidades en el manejo de sustancias tóxicas por parte de trabajadores arroceros.
Según explicó al Portal del PIT-CNT, Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), previo a la reunión con la INDDHH, el sindicato realizó una serie de denuncias en la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento, especialmente sobre el caso de un trabajador “severamente afectado, con su calidad de vida comprometida por haber entrado en contacto con los productos que se aplican cotidianamente en la producción del arroz”. Los trabajadores denunciaron las características del manejo de los residuos y de los productos sobrantes al que eran conminados de realizar dentro de las empresas.
Luego de la reunión con la INDDHH, las expectativas de la Unatra se centran en que se comiencen las “evaluaciones constantes de la salud de los trabajadores”. Empero, Amaya sostuvo que son conscientes que lo que denuncian afecta intereses. “Son temas escabrosos por los círculos de intereses que se mueven ahí”. Incluso el dirigente aseguró que en alguna ocasión se intentó obtener información fidedigna sobre la incidencia del uso de algunos productos “pero no logramos obtener datos concretos, no tuvimos suerte, nos decían que las informaciones eran muy difíciles de obtener porque muchos de los trabajadores estaban afiliados en mutualistas privadas, por lo cual era difícil obtener datos”.
La Unatra también realizó un relevamiento con la UdelaR del que surgió que más del 70% de los trabajadores entrevistados en la industria y en chacras, “tenían la desconfianza de que los problemas de salud que los aquejaban derivaban de la problemática del uso de determinadas sustancias químicas”.
Para la Unatra es fundamental que la sociedad tome este tema como propio, “porque va mucho más allá de lo que implica directamente a los trabajadores del sector, y que alcancemos una regulación efectiva en cuanto a los productos que se usan, en el entendido que cada vez más los técnicos responsables hacen pruebas con mezclas de sustancias para tener mejor control en las malezas que pretenden controlar, sin saber a ciencia cierta qué consecuencias pueden tener para el ambiente y su entorno” sentenció.

Datos

Según un informe publicado por Aníbal Terán Castromán, estudios recientes realizados en Argentina indican por ejemplo que mientras en el total de la población la incidencia del cáncer es de 217 cada 100.000 habitantes, en una muestra de 27 localidades estrechamente vinculadas a la producción agrícola con uso intensivo de agroquímicos, la tasa trepa a 397 cada 100.000 habitantes. (Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina). El artículo de referencia señala que “no es descabellado suponer que algo similar a lo que ocurre en el vecino país podría estar ocurriendo en Uruguay” y por tanto, también en base a estos elementos es que la Unatra ha planteado esta inquietud ante la INDDHH.














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